La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la detención de María del Carmen “N” y Saúl “N”, quienes son señalados por su probable responsabilidad en un doble feminicidio registrado en la ciudad de Morelia durante el año pasado, luego de cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos se remontan a la madrugada del 28 de julio de 2025, cuando dos mujeres fueron privadas de la vida dentro de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Campo Nubes, al oriente de la capital michoacana. Las víctimas fueron identificadas como Cecilia Yunuen y Alondra Socorro.
La carpeta de investigación establece que las agresiones ocurrieron en un inmueble localizado sobre la calle Benamejí El Higueral, donde ambas mujeres habrían sido atacadas de manera simultánea por distintos participantes, bajo circunstancias similares.
En el caso de Alondra Socorro, la Fiscalía señaló que fue sometida, atada y golpeada antes de ser asfixiada, lo que provocó su muerte. Paralelamente, las indagatorias apuntan a que Cecilia Yunuen fue asesinada mediante un modus operandi semejante, con la intervención de otras personas.
Tras los homicidios, los ahora detenidos, presuntamente en complicidad con otros implicados, habrían trasladado los cuerpos a otro punto de la ciudad, específicamente a un inmueble ubicado en la calle Arboledas, en la colonia Loma Bonita, donde fueron enterrados en una fosa clandestina.
La autoridad ministerial indicó que, posteriormente, los involucrados regresaron al lugar para cubrir con cemento el sitio donde quedaron sepultados los cuerpos, con la finalidad de ocultar evidencias y dificultar su localización.
Los restos de ambas víctimas fueron localizados el 11 de septiembre de 2025, hecho que permitió reforzar las diligencias periciales y de investigación realizadas por la Fiscalía Especializada en Feminicidios, las cuales derivaron en la identificación de la presunta participación de la pareja detenida.
María del Carmen “N” y Saúl “N” quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, que será la encargada de definir su situación jurídica conforme avance el proceso penal, bajo el principio de presunción de inocencia.
