(14 de febrero, 2016).- El sector minero ha sido el cáncer para las poblaciones que dependen de los recursos naturales cercanos a los puntos de extracción, como es el caso de ejidatarios de Plan Nacional Agrario quienes acusaron a la mina Real de Ángeles, filial de la compañía Frisco, de explotar con una concesión ilegal un pozo de agua ubicado en un área común del ejido en Baja California, el cual no está dentro del contrato que tienen con la empresa.
El agua en disputa es del pozo Saldaña en una pirámide de desechos pétreos de unos 80 metros de altura en una superficie de 24 hectáreas de tierra compactada con agua, mercurio y ácido muriático.
Por lo anterior se presentó una denuncia presentada por la Asamblea General de Ejidatarios ante la Conagua.
“Son elementos nocivos a la salud de cualquier ser vivo, que sobran de la explotación de la mina y que realizan con un ilegal pozo de agua”, detalla la queja.
Los quejosos afirman que entre los accionistas del proyecto minero se encuentra Carlos Slim Helú quienes para obtener la concesión usaron datos falsos al señalar que están extrayendo agua del acuífero de la Laguna Salada, pero que en realidad el pozo está en el acuífero en El Chinero, en tierras de uso común del ejido.
Los pobladores afirman que para obtener la concesión, la mina, cuyo principal accionista es el empresario Carlos Slim Helú, usó datos falsos al señalar que están extrayendo agua del acuífero de la Laguna Salada, pero que en realidad el pozo está en el acuífero en El Chinero, en tierras de uso común del ejido.
“Esas tierras nada tienen qué ver con las contratadas por Minera Real de Ángeles como de ocupación previa o bien que hayan comprado a ejidatarios en lo particular”, subraya.
La denuncia presentada por ejidatarios fue presentada desde el 1 de diciembre del 2014, pero hasta el momento no habido respuesta la cual fue dirigida al director del proyecto, Eduardo Ledesma Romo.
“(Dicho pozo) indebidamente y en perjuicio del ejido Plan Nacional Agrario está siendo explotado por la Minera Real de Ángeles. Fue autorizado con una concesión de aguas que nada tiene qué ver con la ubicación topográfica y con el manto acuífero a la que corresponde dicha concesión irregular”, precisa el documento en poder de Grupo Reforma.
