- Diversas organizaciones civiles defensoras de la libertad de prensa han manifestado su preocupación por la detención, solicitando transparencia y seguimiento en el procedimiento para descartar efectos disuasivos sobre el ejercicio informativo.
La detención del periodista veracruzano Rafael León Segovia, ocurrida el pasado jueves 24 de diciembre en el municipio de Coatzacoalcos, ha generado un proceso jurídico encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, que sigue su curso conforme a la legislación vigente. La Fiscalía confirmó que se formuló imputación ante un juez de control en contra del comunicador, identificado legalmente como Rafael “N”, por su presunta responsabilidad en los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. Durante la audiencia inicial, un juez calificó como legal la detención y dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, con una audiencia de continuación programada conforme a los plazos procesales establecidos.
Las autoridades estatales han subrayado que el caso se enmarca en un procedimiento ordinario de justicia penal, y han reiterado que no está vinculado al ejercicio periodístico per se ni constituye un ataque institucional a la libertad de expresión. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ha señalado en múltiples entrevistas que en la entidad existe un respeto sostenido a las libertades públicas, incluso “hasta con excesos”, y que las investigaciones se realizan de manera seria y conforme al derecho, sin intervención del Ejecutivo en los procesos judiciales. “Para la ley todos somos iguales, seamos periodistas, profesionistas o cualquier otra ocupación”, puntualizó la mandataria.
Organismos internacionales han expresado interés en que se respeten las garantías procesales del comunicador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, informó que seguirá de cerca el caso y llamó a las autoridades competentes a garantizar el debido proceso y los estándares de derechos humanos durante el desarrollo del mismo.
Diversas organizaciones civiles defensoras de la libertad de prensa han manifestado su preocupación por la detención, solicitando transparencia y seguimiento en el procedimiento para descartar efectos disuasivos sobre el ejercicio informativo. No obstante, la postura oficial establece que la investigación y las imputaciones responden a hechos y no a posturas profesionales, señalando que la aplicación de la ley es igual para todas las personas dentro del Estado de derecho.
El caso continúa su trámite judicial, con nuevas audiencias previstas en los próximos días para determinar la situación jurídica definitiva de Rafael León Segovia conforme a la normatividad mexicana.
