(30 de marzo, 2016).- “El caso Tlatlaya se encamina a quedar impune”, advirtió Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez mediante un comunicado donde informó que el Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), absolvió a seis de los siete militares involucrados en la masacre de Tlatlaya.
Sólo uno de los implicados fue condenado a 1 año de prisión, nada más, por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó. “La sentencia a favor de los militares involucrados sólo pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso debido a la opacidad que subsiste en el caso”, informan.
El Centro de Derechos Humanos, sentenció que esta exoneración “confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente. Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad”.
Por otro lado, acusaron las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR), quien, aseguraron “ha fragmentado la investigación integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.
Centro Prodh recuerda que en julio del año pasado, se solicitó el desahogo de pruebas para investigar la Orden General de Operaciones, misma que “instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad””. Entre las pruebas solicitadas, estaba que mandos militares involucrados fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando. “Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas”, acusan.
La organización también responsabiliza a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por perpetar la opacidad en el caso. “La CNDH negó a la víctima Clara Gómez González el acceso a la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la SEDENA había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación sobre la publicidad del expediente hecha por el propio Ombudsman anteriormente”. Asimismo, reclaman, “la Comisión tampoco ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de “abatir delincuentes”, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana”
Y concluye: “frente a este panorama, los organismos de derechos humanos nuevamente advertimos sobre el riesgo de que en este caso emblemático termine imponiéndose la impunidad y, en ese sentido, llamamos nuevamente a que la justicia sea exhaustiva”.
