(14 de abril, 2016.RevoluciónTRESPUNTOCERO).- María Guadalupe Bravo, madre de Diana, joven asesinada por elementos del Ejército Mexicano, asevera que en su búsqueda por justicia tuvo, en un principio, la confianza en que al obtener el registro de víctima por parte de La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), tendría mayor efecto en el proceso jurídico, sin embargo a casi un año del crimen de su hija esto no ha sido posible.
En mayo pasado, un soldado se acercó al carro donde se encontraba Diana, y dijo: ‘¡Hey, la cagamos! ¡La cagamos, son mujeres!’, según dio a conocer Alejandra, su amiga y copiloto. “Es ahí cuando reconocen que se equivocaron, que no eran hombres sino mujeres a quienes les habían disparado. Ellos se equivocaron y aún así aseguran que mi hija Diana encubrió un delito”, declaró a Revolución TRESPUNTOCERO María Guadalupe Bravo, en aquella ocasión.
Ahora nuevamente, la madre afirma a este medio de comunicación que “hubo muchas deficiencias, en mi caso el Ministerio Público no quería darme la calidad de víctima, tuve que presentar un amparo para que un juez revisara mi situación y dio un amparo a mi favor, para que me considerarán como víctima, esto sucedió el 24 de diciembre, pero hasta el día de hoy yo no tengo el registro”.
Una de las principales razones que plantea Guadalupe, es que en el transcurso del proceso ha sido visitada por cuatro abogados, y es que cada vez que llega uno a suplir al anterior, tiene que revisar nuevamente el caso y a verificar el expediente, por lo que comenta, ha derivado en que la ayuda sea tardía e ineficiente.
“Lejos ayudamos como víctimas, hacen un poco más complicado y difícil el proceso al detenerlo constantemente. No sé porque se están tardando tanto, la licenciada Cindy Brito me dijo que se tardaría dos meses más, es decir, debió de haber estado para el mes de abril, ahora tengo que esperar hasta julio, pero no es aún seguro que me den el registro de víctima.
Es por ello que a nosotros que padecemos estos hechos, se nos hace más difícil este peregrinar. He pedido muchas veces que me expliquen cuál es mi situación, el tiempo de espera y el motivo por el cual no le han dado seguimiento a mi caso, lo que quiero es que pongan a una persona que esté atenta, que conozca el expediente, porque eso no es así ahora”, afirma Bravo.
Otro problema al que se enfrenta la madre de Diana, es al nulo avance de justicia en el caso de la joven, quien asegura, ha sido “sumamente lento”. Añade que “como madre de la persona a quien ejecutaron extrajudicialmente, me he movido para buscar la justicia, pero no ha llegado hasta este momento. Las personas que cometieron el crimen están registradas en el expediente y sin embargo no los han llevado a declarar, aunque esta es una de las principales exigencias que he tenido, la realidad es que no se ha hecho nada para que este caso se resuelva”.
Asevera que desconfía de la manera en que se ha llevado su proceso, porque existen deficiencias y omisiones por parte de las autoridades, a quienes “ni les duele, ni les interesa, solamente están ahí porque tienen el trabajo, sin embargo las actividades que tienen que hacer no las hacen, están presentes pero no hacen nada”.
También suma que, en cuanto a seguridad, hasta el momento no goza de protección y ha notado cómo en algunas ocasiones camionetas de Sedena se estacionan frente a su casa, aunque es lo único que ha sucedido hasta el momento, “pienso que lo hacen para decir ‘aquí estamos, aquí seguimos te estamos viendo’”
Ella comenta que la Ley General de Víctimas no ayuda a las víctimas, “más bien es para que la otra parte de la sociedad vea que están presentes, más no están haciendo un trabajo como deberían, yo no sé cuántas víctimas hay en el país, pero por lo que yo sé, son muy pocas las personas que han recibido esta ayuda y si muchas familias no la conocen, es porque las autoridades no se las dan conocer, no son eficientes, pero es falta de voluntad lo que tienen”.
La Ley General de Víctimas, fue publicada en enero de 2013, y estableció un marco de derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, así como acciones concretas para garantizar su protección, atención y reparación del daño.
Aun cuando fue descrita por legisladores como uno de los principales pasos para la protección de quienes padecieron tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y otras violaciones a Derechos Humanos, los familiares y víctimas dan cuenta que el documento es hoy “un fracaso total del Estado”.
Una víctima más que asegura, padece las deficiencias de dicha ley es ‘Rocío’. Ella coincidió en 2014 con Ángel de Jesús Castillejos, soldado comisionado a la vigilancia de las instalaciones del Puente Internacional número Uno, quien se convirtió en pareja de la joven. El elemento de Sedena le presentó a Edgar, quien también formaba parte de las filas de la Secretaría.
Meses después, acordaron salir los tres, sin embargo, Ángel canceló de último momento y Edgar fue acompañado por su amigo Ramiro. Aquella noche luego de asistir a un concierto “parecían como drogados”, explicó Rocío en el testimonio entregado a las autoridades, al cual tuvo acceso Revolución TRESPUNTOCERO.
Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, le pidieron a la chica que los acompañara a otro sitio “a seguirla”, a lo que ella se negó. Sin embargo no le hicieron caso a su petición de querer irse a su casa, de pronto ambos se alteraron y aceleraron la velocidad del carro, antes de llegar a la calle donde tenían que dejar a la joven, se siguieron de frente, ella pidió que le permitieran bajarse, pero uno de ellos intentó asfixiarla, “me presionaban hacia el respaldo del asiento, entonces intenté abrir la puerta pero tenía seguro”, afirma la víctima.
La llevaron al cuartel donde ellos estaban instalados. Metros antes de llegar a la puerta escondieron a la joven y le advirtieron, “más vale que te quedes callada o te va cargar la chingada”. Llegaron a una vivienda y la bajaron de forma violenta, advirtiéndole que debería guardar silencio.
Ella se encontraba en shock emocional y no paraba de llorar, asegura que temía que la fueran a matar; Ramiro la empujó a la cama mientras Edgar la sujetaba de los brazos, de manera que pudiera estar inmovilizada, mientras le decía “más vale que te quedes callada o voy a matar a tus papás y a toda tu familia, te vieron la cara de pendeja, Ángel está casado y tiene un hijo, es mejor que te quedes callada o te voy a romper el hocico”. Ella afirma: “me quitó la ropa, aunque le supliqué que no me hiciera daño, pero lejos de hacerme caso seguía burlándose”.
Minutos después fue Ramiro quien abusó de ella sexualmente. Cuando por fin pudo por un momento estar libre corrió, pero la puerta tenía llave, nuevamente la detuvieron y fue Edgar quien volvió a cometer abuso sexual en contra de la joven, mientras le decía “eres una pendeja”. “Yo le respondía que no me lastimara más, pero ambos seguían burlándose”, aseguró la chica.
Pasaron varias semanas antes que la joven se atreviera a denunciar, y cuando lo hizo, los obstáculos para la búsqueda de justicia comenzaron a presentarse por parte de las autoridades, según comenta Rocío a Revolución TRESPUNTOCERO. Basándose en que La Ley General de Víctimas, establece que el Registro Nacional de Víctimas se encarga de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas a nivel nacional que padecieron violaciones a derechos humanos del orden federal, ella dio inicio al proceso para ser incluida en dicho programa que, a decir por CEAV, se encarga de brindar ayuda psicológica, económica y asesoría jurídica en forma gratuita.
A casi un año del proceso ella aún no obtiene dicho registro; “cuando mi expediente estaba por pasar a estado federal yo le pedí a Cindy Brito, Delegada de la CEAV en Nuevo León, que me permitiera el registro, pero me lo negó, aunque le dije que sería una forma de avanzar en mi proceso. Esto fue en 2014, en febrero de 2015 me comuniqué con ella, pero hizo caso omiso, fue solamente cuando le comenté que Sedena ya se había comunicado conmigo que me buscó”, afirma Rocío.
Esto, comenta, producto que la Secretaría aceptó su situación de víctima, Brito pidió que el documento que avalaba dicha situación debía serle entregado, a lo que se negó la joven, porque aduce que de tenerlo en sus manos podría hacerlo pasar como un “logro” conseguido por ella, sin obtener nada. No volvieron a comunicarse con la víctima.
Rocío, siendo violentada sexualmente por dos soldados, afirma que necesita atención psicológica, sin embargo CEAV ha fallado y a decir por ella, “humillado”, ya que aun cuando le ofrecieron sesiones de terapia éstas solamente fueron dos, en ambas la psicóloga la atendió en un restaurante, y en la segunda solamente fueron 20 minutos de los 45, pues afirma “dejó de ponerme atención para ponerse de acuerdo para ir a comer. Ya de por sí era algo incómodo, porque las personas escuchaban lo que yo decía, estaban pasando constantemente, no había privacidad, era difícil.
Aunque no hubo más sesiones, cuando pedí que me programaran otra cita -porque se supone iría a una cada 15 días- esto no sucedió, me dijeron que la psicóloga llegaba de Monterrey así que primero planificaba su viaje, luego agendaba una cita y 15 días después me avisaban la fecha, aunque les expliqué la necesidad que yo tenía de las terapias no logré que me concedieran más fechas”.
A su vez señala que el poco tiempo que tuvo, se dividió entre todas las víctimas que recibían el mismo servicio, puesto que la psicóloga solamente estaba un día en Nuevo Laredo. “Esto me deprimía, porque si de por sí mi expediente estaba estancado, este tipo de acciones me afectaban más”, denuncia Rocío.
Rocío se ha enfrentado también a la demora de respuestas, que han sido provocadas por el cambio de dependencia en distintas ocasiones; su expediente inició en PGR, pero meses después de no haber tenido avance alguno, la dependencia se declaró incompetente, para después trasladarlo a la PGJE, donde, asevera, hubo avances pero finalmente se detuvieron al declararse incompetentes y devolver el caso a la PGR.
Rocío asevera que el único avance que obtuvo fue cuando se dio el reconocimiento del lugar de los hechos, aunque éste no fue un paso para que los soldados acudieran a declarar. “El 19 de agosto que se presentaron conmigo los de la ONU, a ellos sí les mostraron diligencias con fechas recientes, pero fue nada más una pantalla, porque jamás se llevaron a cabo, en aquella ocasión también vi mi expediente en el piso, les dije que deberían de tener respeto, porque para mí era una ofensa, pero no les importó”.
Como víctima, Rocío pidió además que los soldados declararan, la lista de las fechas en las que ellos estaban registrados y el álbum fotográfico para identificarlos, pero tampoco le concedieron esas peticiones y aunque le aseguraban había avances, meses después al revisar su expediente se dio cuenta que no habían datos de avances, esto en el momento en que el caso estuvo en la PGR.
“Las mismas autoridades nos ponen trabas, por eso no quise denunciar en un primer momento, porque me amenazaron, tenía mucho miedo que le hicieran algo mi familia y sentía que las autoridades no me iban a proteger, y así fue, por eso entiendo que muchas personas no denuncien, por lo que les hacen los encargados de la justicia; unos nos dañan y otros nos niegan darle seguimiento y acompañamiento a nuestras denuncias.
Mi caso lleva detenido ya casi dos años, el 14 de abril se cumplen, y no me han querido brindar el registro de víctima y uno de los principales corajes que he pasado es que me han dicho que como los soldados no estaban en horario de labores cuando abusaron de mí sexualmente no podían juzgarlos, sin embargo estuvieron dentro de las instalaciones cometiendo el delito, y por ello debe ser catalogado como federal”, denuncia Rocío.
A su vez comenta que aun cuando Sedena la reconoce como víctima y le ha ofrecido ayuda psicológica, ella no podría tomar terapia con militares, y tampoco iría al cuartel por esto, ya que es el mismo donde la agredieron.
Los dos elementos del Ejército sí han declarado, pero lo han hecho frente autoridades militares, y en las tres ocasiones que lo han hecho han presentado distintas versiones; en la primera negaron conocer a la joven, en la segunda aseguraron que fue ella quien insistió en buscarlos y en la tercera aceptaron que sí la llevaron al cuartel militar, pero ninguno de esos testimonios ha servido de detonante para profundizar en la investigación y presionar para que declaren ante un juzgado civil.
“Lo único que me informaron fue que ellos estaban en una prisión militar, pero fue un vil engaño y burla, porque yo investigué y ellos se encontraban en una fiesta de un bar, así es como nos humillan, nos dicen una cosa y es otra, aun cuando sus compañeros han dicho que estos dos hombres se comportan mal con las mujeres y a muchas las han llevado al cuartel, estos testimonios no han servido de nada.
De mí se han burlado demasiado las autoridades, me han mentido, pero todavía espero que en algún momento tenga justicia, porque hasta ahorita la Ley Federal de Víctimas no me ha ayudado, ni creo que tengan la intención de hacerlo, porque mínimo ya me hubieran brindado el registro, hasta ahorita no tengo ningún apoyo por parte de esa ley”, sentencia Rocío.
A finales del año pasado organismos civiles afirmaron que la Ley General de Víctimas es inoperante: por burocracia y ataduras ha destinado sólo 3% del fondo para ayudar a los agraviados de delitos como secuestro, trata de personas, desaparición forzada o acoso sexual, por lo que debe ser reformada, señalaron.
Explicaron que la Ley necesita ser expedita, fácil en su aplicación y que los derechos de las víctimas sean preponderantes en los códigos de procedimientos penales estatales; así como crear una cultura sobre los derechos de las víctimas en policías, fiscales, ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros.
Lo cual reafirma el señor Armando Humberto del Bosque Gutiérrez, padre de Armando Humberto del Bosque Villarreal, quien fue sacado de su automóvil por miembros de la Marina y subido a un vehículo militar ante varios testigos y en presencia de dos policías municipales, según lo dio a conocer Revolución TRESPUNTOCERO. Minutos después, su padre acudió a la base de los marinos y fue informado por un oficial naval que lo tenían detenido y que más tarde le darían más información.
Una hora después, el padre de Armando fue informado que no lo tenían ahí y que los marinos no lo habían arrestado. El padre presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) con cuatro testigos. Los policías municipales han constatado en un oficio que al joven lo detuvieron los marinos.
La víctima, de 33 años, estuvo desaparecido por dos meses, el 3 de octubre de 2013, fueron localizados los restos de Armando Humberto en una zona despoblada de Colombia, Nuevo León a poco más de 2 kilómetros de la base de operaciones de la Secretaría de Marina. Su cuerpo presentaba al menos un impacto de bala en la cabeza.
Del Bosque Gutiérrez, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO, que “yo denuncié el hecho desde 2013, pero el apoyo que debían brindarme como víctima, estuvo detenido, al igual que la investigación. A la fecha estamos en lo mismo, no hay ningún tipo de apoyo, a mí se me dio registro como víctima por medio del CEAV, apenas hasta finales de septiembre de 2015.
Aunque el Ministerio Público me dio la condición de víctima desde el 2013, pero el tener el registro tampoco me ayudó, en lo económico solamente para uno que otro de los traslados a la Ciudad de México, porque estuvimos luchando para que se consignara y se hiciera justicia. Pero si tengo que referirme a la Ley General de Víctimas, puedo decir que tiene muchas deficiencias, a la hora de trabajar creo yo que lo hacen hasta de mala fe, porque no es posible que las solicitudes se les pierdan fácilmente, además que ponen un millón de obstáculos para brindar el apoyo del que tanto hablan”.
Del Bosque asegura que los apoyos económicos no existen, porque dicha ley no está siendo aplicada correctamente a las víctimas, porque asegura, debería ayudar a los agraviados en lo “más mínimo” y de manera inmediata, pero comenta que, los encargados de hacerla cumplir la malinterpretan, y señala que “la atención médica es enviar a las personas al seguro popular, y si dan o no cierta cantidad de dinero primero se tiene que esperar hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo determine, “en ese sentido si una averiguación tardó tres años y una sentencia dos años, todo ese tiempo debe ser quien busca justicia, el que pague los gastos, porque CEAV no ayuda con nada eso, lo cual ha quedado claro mí”, comenta.
El padre de la víctima viajó desde Nuevo Laredo a Monterrey durante toda la investigación, ahora que ha tocado el tema del pago, CEAV le pide facturas para que demuestre los gastos, “es terrible, pensar que una víctima con todo el dolor y la angustia de no saber de un ser querido esté pidiendo facturas en esas circunstancias, yo no pensé en ningún momento con la preocupación y desesperación de mi hijo que las necesitaría”, comenta del Bosque.
Quien asevera que los funerales de su hijo fueron pagados con su dinero y solamente una pequeña parte puso CEAV, debido a presiones constantes. En cuanto a la seguridad, comenta que lo acompañan dos elementos de seguridad, pero aún así se siente desprotegido por parte de las autoridades. “Yo tengo que trasladarme de un domicilio a otro constantemente, he sido amenazado e investigado, pero hasta la fecha no ha recibido ayuda. Es por ello que pienso que si se hiciera un conteo real de todos los familiares de víctimas de desaparición forzada a nivel nacional, y se les preguntara a las autoridades cuántos de sus casos están consignados, si hay alguna sentencia condenatoria, cuántos responsables y sobre todo, a cuántas víctimas de desaparecidos se le ha dado un apoyo económico, será un mínimo”, comenta del Bosque.
En el tema de la asistencia jurídica, aunque la ley marca que es un derecho, esto no se cumple, “ellos ni siquiera conocen nuestros expedientes, yo tuve que recurrir a un abogado particular aunque tengo un asesor jurídico designado por parte del CEAV pero su labor no trasciende.
En cuanto a la ayuda psicológica solamente fue en dos o tres ocasiones me preguntaron cómo me sentía y cuáles eran mis planes a futuro, esas no son preguntas que se tuvieran que hacer a una víctima. Porque eso no resuelve nada.
Desgraciadamente ahí existe una burocracia tremenda, es una aberración que se les pierdan los documentos, o que solamente se queden en la oficialía de partes, y no pasen al departamento donde se van a analizar y si sucede, pasan meses”, agrega del Bosque.
En cuanto a su experiencia al inicio de su registro para ser tomado en cuenta como víctima, señala que al CEAV se le extravió su documentación y la tuvieron que rehacer, por lo cual acusa de falta de profesionalismo. Asevera que si el apoyo económico no llega y cuando sucede, “es bajo sus criterios, difícilmente habrá una sentencia condenatoria para Marina y Ejército, volvemos al círculo vicioso de una gran impunidad, donde no se aplican los criterios para ayudar a la víctima”, afirma y añade, “¿En qué se gasta el fondo millonario que tiene CEAV para la ayuda a los agraviados? Porque no se ve reflejado en las víctimas”.
Aun cuando en el senado se subrayó que es “terrible” que las víctimas sientan que los legisladores crearon un aparato burocrático para darle atención -en lugar de ser una instancia sensible y capaz de dar respuesta a los ciudadanos- quienes han padecido la desaparición, ejecución extrajudicial o abuso sexual, entre otros, en contra de sus seres queridos demuestran que todo se reduce a “ineficiencia e impunidad”.
