El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigieron que “se aplique la ley, se avance en la implementación de cambios al sistema de seguridad, se realicen las reformas necesarias y concreten el establecimiento de una fiscalía general autónoma”, además de otras acciones para mitigar la inseguridad e impunidad
El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que se debe aplicar la ley sin excepción ante los niveles de inseguridad e impunidad que se registran en el país y que derivaron en el cierre de centros de distribución de Coca-Cola FEMSA y Lala, así como de la Mina Dolores.
“Exigimos que se aplique la ley a quien atente contra la vida o el patrimonio de los mexicanos. El mensaje es para todos los órdenes de gobierno. Los empresarios demandamos que no se postergue más la profesionalización de las policías; que se multiplique el estado de fuerza donde sea necesario y que se coordinen acciones con las Fuerzas Armadas cuando las autoridades civiles son rebasadas por la delincuencia”, afirmó.
Señaló que “los altos niveles de violencia que se registran en México generan un mal ambiente para la inversión, obstaculizan la actividad productiva, además de provocar el cierre de empresas y la reducción de las posibilidades de tener una economía próspera”.
Asimismo dijo que se debe implementar la fiscalía general autónoma y la formación de ministerios públicos independientes, porque “el peor enemigo actual” es que 95% de los delitos se quedan impunes.
Por su parte, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, exigió al gobierno federal actual que “antes de concluir su gestión ponga en marcha acciones urgentes para frenar la violencia y el crimen, que llegaron a niveles nunca antes vistos”.
De Hoyos agregó que “la violencia y el crimen han llegado a niveles nunca antes vistos. Tan sólo el mes pasado hubo un promedio de 90 asesinatos diarios, 25% más que el año pasado. El robo de combustible creció 34% durante marzo de 2018, el mayor nivel que se tiene registro de este delito”.
“La inseguridad está dejando un severo daño económico, un impacto sobre la capacidad de nuestro país de atraer inversión, generar empleo y desarrollar un círculo virtuoso de pacificación a partir de la generación de riqueza”, dijo.
