Raúl Linares
(13 de diciembre, 2013).- La presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, denunció que las marchas en el Distrito Federal no son un problema que podría resolverse con la penalización de la protesta social, sino de una política integral de Estado que privilegie el diálogo antes que las acciones represivas o penales.
La también académica denunció que la nueva ley para la regulación de marchas en el Distrito Federal, propuesta y promovida por el diputado panista Jorge Sotomayor, representa un retroceso en los derechos de los capitalinos, pues la legislación podría “considerarse anticonstitucional e inconvencional al encontrarse de por medio un contexto de posibilidades materiales para el ejercicio legítimo de derechos fundamentales”.
Reunida con visitadores del mismo organismo, la ombudsman capitalina sostuvo que esta medida contraviene los principios de una sociedad democrática, ya que al limitarse sus contenidos y privilegiar el derecho de tránsito sobre los de asociación, reunión, manifestación y protesta social, la legislación adquiriría más un carácter “punitivo”, adelantó en conferencia de prensa:
“Hay que tener mucho cuidado con la cuestión de criminalizar. Cuando lo que se regula en cuestión de manifestaciones sólo aumenta las penas, estamos hablando de una ley que tiene un enfoque más penal. Eso debe de ser la última opción en cualquier sociedad democrática, ésta es la parte que nos preocupa. No por ejercer un derecho se puede justificar que los demás pueden limitarse.”
A su vez, Gómez Gallardo criticó la falta de comunicación y disponibilidad de las autoridades que, a menudo, carecen de visión o proyectos para resolver y atender la “compleja” problemática social que refluye en la capital mexicana, donde coinciden manifestaciones de los ámbitos federal y local.
Presentó un documento en el que exhorta a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer y ampliar los canales de participación y comunicación con la ciudadanía pues, a partir de ésta, se podría regular el número de manifestaciones sin violar los derechos humanos:
“Si bien es cierto que el desarrollo de las manifestaciones puede generar molestias y entrar en conflicto con el derecho a la movilidad, también lo es que dicho conflicto no se plantea de manera directa, pues la problemática general de movilidad deriva de la ausencia de política integral. Las marchas representan sólo una mínima parte de esa problemática”.
Por último, Perla Gómez hizo un llamado a las autoridades –“son ellas las únicas que pueden violar derechos humanos”– a no deshacerse del conflicto entre movilidad y protesta entregándolo a las instancias penales. “Nosotros abonamos para que sea la autoridad quien asuma la responsabilidad y el compromiso de generar las condiciones y no ausentarse, poner a la persona que se vea afectada con la persona que quiere ejercer un derecho, porque pareciera que es un conflicto entre particulares. Aquí lo que queremos regresar al eje de atención es a la autoridad, que es la única que viola o puede violar los derechos humanos”, finalizó.
