El gobierno capitalino presentó una nueva estrategia frontal contra los despojos de inmuebles: penas de hasta 22 años de prisión sin derecho a fianza, castigo a quienes simulen autoridad, y atención inmediata a víctimas a través de un gabinete especializado.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue clara y contundente:
“Es uno de los delitos más dolorosos y graves que enfrentamos en la ciudad”.
Y no es para menos. El despojo no solo arrebata el patrimonio, también rompe familias, destruye comunidades y deja huellas difíciles de borrar. Y suele tener como víctimas a personas en situación de vulnerabilidad.
Gabinete contra los despojos: atención inmediata, caso por caso
Desde hace cuatro meses opera ya un Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, que ahora fue formalmente instalado. Este grupo está conformado por dependencias clave como la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Registro Público de la Propiedad, Patrimonio Inmobiliario, Protección Civil y la Consejería Jurídica, además de sumar la participación de la Comisión de Derechos Humanos local.
El gabinete será encabezado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la Fiscal capitalina, Bertha Alcalde. Su tarea: coordinarse, intervenir de forma inmediata y proteger a quienes hoy viven bajo amenaza de perder su hogar por vías fraudulentas o violentas.
Unidades especializadas y reformas legales: la ciudad se blinda
Como parte de la estrategia, se creó también una Unidad Operativa Especializada contra el Despojo, que atenderá cada caso con personal capacitado y seguimiento puntual. A esto se suma una campaña ciudadana de prevención que buscará enseñar a identificar documentos falsos, detectar irregularidades y denunciar a tiempo.
Pero la gran bomba vino con el paquete de reformas legales que la mandataria anunció para endurecer el castigo a quienes cometan este delito. Entre los cambios más importantes destacan:
- Penas base de 6 a 11 años de cárcel.
- De 12 a 22 años de prisión en casos agravados, como el uso de violencia, la simulación de actos jurídicos, la intervención de notarios o funcionarios, o el daño directo al inmueble.
- La eliminación del derecho a fianza cuando se acredite alguna agravante.
- Ampliación de la definición jurídica del delito para incluir nuevas formas de despojo: desde ventas simuladas ante notarios, hasta el impedimento material del uso del inmueble por medio de amenazas, cerraduras rotas o invasiones.
Ni notarios, ni funcionarios corruptos quedarán impunes
La propuesta no solo va contra quienes invaden casas o departamentos: también busca acabar con las redes que permiten que el delito se consolide legalmente. Esto incluye sanciones específicas para notarios, corredores de bienes raíces, ayudantes, autoridades auxiliares y hasta personas que se hagan pasar por servidores públicos para legitimar el despojo.
Además, se plantea proteger especialmente a menores de edad, personas mayores, embarazadas, pueblos indígenas y demás grupos vulnerables que han sido blanco frecuente de estos delitos.
Un golpe legal y comunitario contra la impunidad inmobiliaria
La Fiscal Bertha Alcalde explicó que estos cambios buscan cerrar los huecos por donde hasta ahora se escapan quienes roban casas bajo el disfraz de la legalidad.
“Las nuevas agravantes nos permiten perseguir penalmente incluso cuando el despojo se encubre con documentos falsos, ventas simuladas o actos violentos disfrazados de trámites”.
La estrategia de Brugada no solo responde al aumento de casos: envía un mensaje directo a quienes lucran con la necesidad y vulnerabilidad. La ciudad se está organizando para impedirlo. Con penas más duras, equipos de respuesta inmediata y un enfoque que combina prevención, castigo y acompañamiento comunitario, se busca que el hogar vuelva a ser eso: un lugar seguro.
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