La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha lanzado nuevas y rigurosas medidas de control para el personal de las cárceles federales. La decisión, publicada en el Diario Oficial de la Federación, busca frenar la influencia que el crimen organizado ejerce desde el interior de las prisiones, un problema que se ha vuelto evidente en los últimos meses. A partir de ahora, la falta de asistencia injustificada a las pruebas de confianza no será tolerada y acarreará sanciones administrativas y laborales.
Esta acción responde a dos problemas principales: el alto número de ausencias injustificadas del personal a las evaluaciones y el poder que aún tienen algunos líderes criminales para operar desde la cárcel. La SSPC ha dejado claro que someterse a estas pruebas es un deber legal para todo el personal de Prevención y Reinserción Social.
Un plan riguroso para la integridad del sistema
El proceso de evaluación, a cargo del Centro de Evaluación y Control de Confianza, consta de varias fases, desde el llenado de documentos hasta exámenes médicos, psicológicos y patrimoniales. El personal deberá presentar una serie de documentos personales y financieros, y cualquier información falsa será enviada al área legal.
El control de confianza en los cuerpos de seguridad no es un tema nuevo. Desde hace años, se han implementado diversas normativas para certificar que el personal sea apto y confiable. Sin embargo, la situación en las cárceles mexicanas, con la constante sospecha de que los cárteles sobornan o coaccionan a los empleados, ha hecho necesaria una estrategia más estricta y con consecuencias más duras. La creación del Centro de Evaluación y Control de Confianza en 2020 fue un paso importante, pero las recientes acciones, como la expulsión de medio centenar de delincuentes que seguían operando desde prisión, demostraron la urgencia de fortalecer los controles internos. Las nuevas reglas buscan cerrar por completo el círculo de corrupción.
Según los datos de la dependencia, de más de 7 mil 600 empleados evaluados hasta el pasado mes de junio, el 98% ha aprobado las pruebas. Sin embargo, este nuevo acuerdo busca que la participación sea del 100% y que nadie evada su responsabilidad, ya que incluso retirarse de una evaluación presencial será considerado como “no aprobado” y tendrá consecuencias.
Con estas medidas, el gobierno busca asegurar que el personal penitenciario se convierta en un eslabón fuerte en la lucha contra el crimen, y no en una puerta de entrada para la corrupción.
