El exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, volvió a los reflectores públicos por su segunda detención y arresto por presunto lavado de dinero. El político que fue insignia del “Nuevo PRI” también cuenta con un historial de robo de agua, el cual toma relevancia porque grupos opositores a Morena han repetido hasta el cansancio que la nueva Ley General de Aguas es un peligro.
Duarte Jáquez tuvo tanto dinero que pudo construir una presas y represas ilegales en su rancho “El Saucito”, municipio de Balleza, con capacidad total de 700 mil metros cúbicos de agua. Duarte habría construido presas clandestinas para desviar agua cuando en la zona que está la edificación están prohibidas las concesiones
La propiedad de Duarte contaba con una presa principal, cinco represas y un pozo, por lo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) procedió a destruir y clausurar las construcciones.
“Estas construcciones se cometieron durante el periodo neoliberal, ya que bajo el amparo del poder político y económico se obtenían beneficios de forma personal”, señaló Efraín Morales, director general de Conagua.
Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el acaparamiento ilegal de agua del priista se encuentra en la cuenca del Acuerdo de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos, lo que significa el uso privado de un recurso nacional “sin permiso y sin concesión”.
El Gobierno de México ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el uso ilegal del agua y contra quienes estén vinculados a este proceso.
De esta forma más de 700 millones de litros de agua han vuelto al arroyo El Saucito, en el estado de Chihuahua, como parte de la demolición de cinco presas construidas de forma ilegal y arbitraria en el rancho del ex gobernador
Efraín Morales indicó que la Conagua ha llevado a cabo más de dos mil verificaciones de los títulos de concesión de agua en todo el país, de los cuales más de 250 han terminado en clausura.
Hubo sobre explotación de agua por 20 años
Por su parte, un informe del senador Juan Carlos Loera de la Rosa refiere la sobreexplotación crítica de mantos acuíferos en Chihuahua, asociada a presuntos actos de corrupción realizados por exdelegados estatales de Conagua y Semarnat durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Uno de los hallazgos centrales del reporte es el crecimiento desproporcionado de tierras bajo riego, que pasaron de 367 mil a 674 mil hectáreas entre 2003 y 2023, en un contexto de sequía extrema.
En ese periodo, los cultivos perennes -de alto consumo hídrico- se duplicaron, pese a restricciones impuestas por decretos federales y convenios como el Programa de Adecuación de Derechos del Agua (PADUA).
Involucrado un LeBaron
El documento cita, entre otros ejemplos, un caso concreto de posible corrupción en el que 125 constancias de aprovechamiento de agua subterránea habrían sido autorizadas en un solo día, el 20 de agosto de 2013, por Álex LeBaron, entonces funcionario de Conagua, en favor de una sola empresa: Agroindustrias BVM S.A. de C.V.
El principal accionista de esta empresa agroindustrial es Sergio Aguilar Weber, un empresario y expresidente seccional del PRI, señalado de ser un prestanombres del exgobernador César Duarte (2010-2016), quien estuvo encarcelado por enriquecimiento ilícito.
No obstante, quien dio las 125 constancias a Agroindustrias BVM fue el exdelegado de Conagua de Chihuahua, Álex Le Baron González, exdiputado priista y productor de nuez, originario de la colonia mormona Le Baron en el municipio de Galeana.
El exfuncionario de Conagua también benefició a productores menonitas con entrega de constancias apócrifas (sin pozos), informó en su momento Elena Burns, exsubdirectora de Administración de Conagua.
