(9 de julio, 2014).- Tras una suspensión que duró dos años, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició un proceso de responsabilidad por presuntos vínculos con el crimen organizado contra el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, a quien le encontraron casi 3 millones de pesos que no reportó en sus declaraciones patrimoniales. La CJF apuntó mediante un comunicado que “Dentro de las posibles conductas irregulares, se encuentra la del abandono de la residencia del Tribunal unitario al que estaba adscrito, por realizar múltiples viajes a países de centro y sudamérica, entre ellos Colombia, lo cual contraviene normas legales”. Y continuó: “Adicionalmente, se encontraron inconsistencias en el trámite y resolución de diversos asuntos tramitados en el Tribunal unitario al que estaba adscrito y que denotarían falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido en la substanciación y resolución de diversas tocas (apelaciones) penales y juicios de amparo de su conocimiento”.
