Por: Samantha Páez/Pablo Spencer
El 9 de julio de 2014 pobladores de las comunidades de San Bernardino Chalchihuapan, Atzompa y Santa Isabel Cholula se manifestaron sobre la autopista Puebla-Atlixco cerca del mediodía, la Policía Estatal recibió órdenes de retirarlos utilizando “armamento no letal”, como lo permite la llamada Ley Bala. El saldo fue un menor de edad, José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, herido de muerte y otras 12 personas lesionadas.
El gobierno de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, negó el uso del armamento y acusó a los pobladores de causar las heridas a José Luis Alberto con cohetones. Cuatro pobladores fueron arrestados, entre ellos un señor de 75 años de edad.
El 11 de septiembre de 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 2VG/2014 por la muerte de José Luis diez días después de la represión. El organismo determinó que fue una lata de gas lacrimógeno lanzada por la policía estatal la que perforó el cráneo del joven de 13 años de edad.
Han pasado dos años desde el fallido operativo y de los 11 puntos recomendatorios se han cumplido de forma parcial cinco, según la CNDH. Aunque la madre del menor muerto, Elia Tamayo Montes, y sus abogados alegan que ninguno ha sido cumplido, dado que los seis policías involucrados con el fallecimiento de José Luis salieron de prisión el 24 de diciembre de 2014, la Ley Bala no se ha derogado, la reparación de los daños no se ha concretado y las disculpas públicas no se aceptaron.
