El Ayuntamiento de Guadalajara presumió la aprobación de un sistema alimentador de transporte que, según la administración municipal, beneficiará a más de 60 mil habitantes de Huentitán con nuevas conexiones hacia Mi Macro y el Tren Ligero. Pero para el regidor de Morena, José María “Chema” Martínez, detrás de ese proyecto hay algo más que movilidad: un presunto esquema de corrupción inmobiliaria.
Desde Cabildo, el morenista aseguró que el convenio con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) —que incluye la entrega de diez camionetas al municipio— funciona, en los hechos, como un mecanismo para sustituir obras de mitigación urbana que deberían ser financiadas por las constructoras de grandes desarrollos inmobiliarios.
Según Martínez, lo que el gobierno municipal vende como “acciones compensatorias” es, en realidad, una forma de perdonar obligaciones millonarias al sector inmobiliario.
“Este dictamen es la continuidad de un modelo que protege al cartel inmobiliario. Hoy quieren sustituir casi diez millones de pesos en obras públicas, cruceros seguros, banquetas, rampas, accesibilidad y mejoras urbanas, por diez camionetas. Eso no es movilidad: es corrupción”, acusó.
El regidor señaló directamente a la alcaldesa Verónica Delgadillo, a quien responsabilizó de impulsar un esquema que, a su juicio, prioriza los intereses de empresarios por encima de las necesidades de la población en la zona norte de Guadalajara.
8 mil millones para torres, millones perdonados y la gente caminando
Martínez advirtió que los desarrolladores de torres en la zona obtendrán ganancias superiores a los 8 mil millones de pesos, mientras que el Ayuntamiento acepta vehículos y descuentos que, estimó, pueden rondar los 3 millones de pesos a favor de las empresas, en lugar de exigirles obras públicas reales.
“El pueblo camina tres kilómetros para tomar una ruta… pero a los constructores les perdonan todo”, lanzó.
El morenista afirmó que el gobierno municipal intenta disfrazar la entrega de camionetas como una respuesta en materia de movilidad, cuando lo que la población reclama es el restablecimiento de rutas canceladas en la zona norte.
Densidad alta, transporte insuficiente
Para sostener su crítica, Chema Martínez citó datos del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan). De acuerdo con lo expuesto, la zona norte registra una densidad de 133 habitantes por hectárea, mientras que las unidades tipo combi contempladas en el proyecto tendrían capacidad para apenas 13 pasajeros.
Con esas cifras sobre la mesa, el regidor consideró que la respuesta del Ayuntamiento es completamente insuficiente para atender a más de 42 mil personas que, aseguró, necesitan transporte digno y accesible con urgencia.
“La gente hoy camina dos horas para encontrar una ruta. Dos horas bajo el sol, bajo la lluvia, bajo la inseguridad. Y ustedes creen que con camionetas nuevas se va a resolver lo que descompusieron con sus decisiones”, recriminó.
“Un dictamen que huele a corrupción”
En su intervención, Martínez sostuvo que Morena seguirá señalando los privilegios hacia las constructoras y lo que describió como “una red de beneficios institucionalizada” dentro del modelo de desarrollo urbano de Guadalajara.
“Hoy votamos en contra de un dictamen que huele a corrupción, que beneficia a los de siempre y que abandona a los de abajo”, subrayó.
El regidor insistió en que la ciudad requiere soluciones de fondo, como rutas troncales, la restitución de líneas canceladas y una verdadera planeación de la movilidad, y no —dijo— “simulaciones disfrazadas de modernidad” basadas en la entrega de camionetas y convenios que terminan aliviando la carga de los desarrolladores.
La crítica final fue directa contra la actual administración:
“Guadalajara merece un gobierno que vea al pueblo, no a su cartel inmobiliario”, remató.
