El Congreso de Chiapas aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes, una reforma que garantiza el acceso a procedimientos médicos seguros y gratuitos para menores que hayan sido víctimas de violación.
La medida, calificada como histórica en materia de derechos y justicia social, busca proteger la salud y la dignidad de miles de niñas que enfrentan embarazos forzados en uno de los estados con mayor incidencia de abuso infantil del país.
Mil niñas madres, una realidad que duele
Durante la sesión, la diputada Marcela Castillo, una de las promoventes de la iniciativa, reveló una cifra estremecedora:
“Más de mil niñas menores de 15 años se convierten en madres cada año en Chiapas, y lo más grave es que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y del INEGI, la gran mayoría de esos casos son producto de violencia sexual”.
La legisladora, junto con Rosa Linda López Sánchez, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Getsemaní Moreno Martínez, Ana Karen Ruiz Coutiño, Andrea Negrón Sánchez y Faride Abud García, presentó la propuesta tras reconocer que Chiapas ocupa el primer lugar nacional en embarazos infantiles.
Las diputadas coincidieron en que estas historias “no representan amor ni consentimiento, sino violencia sexual avalada por el silencio institucional”, y subrayaron que la nueva ley no promueve el aborto, sino que protege el derecho a decidir y a sanar de las víctimas.
“Defender la interrupción legal del embarazo en menores es defender su derecho a vivir con dignidad. No se trata de ideología, se trata de justicia”, sostuvo Castillo.
Una ley con rostro humano
La nueva legislación obliga a las instituciones del Sistema Estatal de Salud a realizar la interrupción del embarazo sin costo, de forma segura y en tiempo oportuno, siempre que se acredite que la menor fue víctima de abuso sexual.
Además, impone la obligación de notificar de inmediato a las autoridades competentes para la investigación del delito.
Las diputadas destacaron que las condiciones de pobreza, marginación y barreras lingüísticas agravan la vulnerabilidad de las niñas indígenas chiapanecas, quienes muchas veces ni siquiera entienden lo que les ocurrió ni tienen acceso a atención médica o justicia.
“No estamos legislando desde el privilegio, sino desde la empatía y la evidencia”, expresó la diputada Andrea Negrón Sánchez.
Al tiempo, recordó que la mayoría de los casos se concentran en regiones rurales y comunidades originarias.
El abuso infantil va en aumento
De acuerdo con datos del Congreso estatal, entre enero y agosto de 2025 los delitos de pederastia, violación y estupro contra niñas, niños y adolescentes aumentaron 12% respecto al mismo periodo de 2023, lo que representa 36 casos adicionales en apenas ocho meses. Estas cifras, señalaron las legisladoras, confirman que el problema no es aislado ni cultural, sino estructural, y que requiere políticas de protección y reparación, no castigos morales.
“Esta ley no busca dividir opiniones, busca salvar vidas”, afirmó la diputada Rosa Linda López Sánchez durante la sesión.
Justicia social y salud pública
Con la aprobación de esta ley, Chiapas se suma a los estados que reconocen el derecho a la interrupción legal del embarazo en casos de violación, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y salud reproductiva.
El dictamen también representa un avance en la armonización con la Norma Oficial Mexicana NOM-046, que obliga a todas las entidades del país a garantizar este procedimiento en situaciones de violencia sexual.
“Asegurar el acceso a la interrupción legal del embarazo no sólo es un tema de salud pública, sino de justicia social”, expresaron las legisladoras.
Con esta decisión, el Congreso chiapaneco rompe una larga deuda con las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y da un paso decisivo hacia un marco legal más humano, justo y protector de la infancia.
