El banco mexicano CIBanco encendió la alerta internacional al presentar una demanda en la Corte del Distrito de Columbia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su red de control de delitos financieros (FinCEN). La institución financiera acusa a las autoridades estadounidenses de imponerle lo que calificó como una “pena de muerte institucional”, al prohibirle cualquier operación con entidades financieras de EU a partir del 4 de septiembre de 2025.
“CIBanco se enfrenta a una sentencia de muerte institucional sobre acusaciones tan carentes de especificidad que resultan inexistentes”
Sostuvo la firma en un documento de 37 páginas, denunciando que la decisión se tomó sin previo aviso ni oportunidad de defensa.
Riesgo de colapso y activos en juego
La demanda destaca que la medida pone en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos administrados por CIBanco a través de fideicomisos, incluyendo fondos de pensiones, inversiones y propiedades de ciudadanos y empresas estadounidenses.
“Sin una corrección inmediata, esta Orden ilegal pone en riesgo la insolvencia y el colapso del Banco”
Advirtió la institución, señalando que ya ha perdido todos sus corresponsales en Estados Unidos, lo que paralizó operaciones de cambio y transferencias internacionales que representaban más de la mitad de sus ingresos.
Además, la cancelación de su contrato con Visa dejó inutilizadas unas 220 mil tarjetas de débito y prepago, afectando a miles de clientes tanto en México como en Estados Unidos.
Acusaciones sin evidencia concreta
CIBanco denunció que las acusaciones de FinCEN se basan en presuntas operaciones con empresas de México y China, pero carecen de nombres, fechas o detalles verificables.
“CIBanco ha buscado desesperadamente identificar a qué clientes y transacciones se refiere FinCEN, pero es como buscar agujas en campos de heno”, subraya el escrito judicial.
El banco alerta que la sanción podría derivar en su liquidación forzosa y la pérdida de más de tres mil empleos, así como afectar a la división fiduciaria valorada en 400 millones de dólares, con impacto directo en beneficiarios en ambos países.
Una batalla legal que marcará precedentes
La demanda de CIBanco no solo cuestiona la legalidad de la orden de FinCEN, sino que también pone en relieve los riesgos de supervisión financiera internacional y la vulnerabilidad de los bancos extranjeros ante sanciones estadounidenses.
El caso ahora queda en manos de la Corte del Distrito de Columbia, donde la institución buscará revocar la orden y proteger su operación, asegurando la continuidad de sus servicios y la estabilidad de sus clientes y empleados.
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