La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno mexicano información sobre las medidas que ha tomado ante el desplazamiento forzado de 5 mil indígenas del municipio de Chalchihuitán a causa del conflicto de límites con la localidad vecina de Chenalhó, informó Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
Explicó que “el pasado 27 de noviembre el Frayba solicitó al organismo internacional medidas cautelares urgentes a fin de garantizar la vida e integridad de las familias de Chalchihuitán y Chenalhó”. A su vez, la CIDH pidió al Frayba más información sobre la situación de los desplazados, “quienes llevan más de un mes fuera de sus hogares”, añadió en entrevista para La Jornada.
“Vamos a informar que persiste la violencia, que el grupo armado paramilitar sigue asediando al municipio de Chalchihuitán, sobre todo en la franja limítrofe”, manifestó. Faro Navarro afirmó que “después de que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) emitió el 13 de diciembre una resolución en favor de Chenalhó, el gobierno comenzó a acosar a los funcionarios del municipio de Chalchihuitán y a los de bienes comunales para que acepten 15 millones de pesos, 300 casas y proyectos productivos” que les ofrecen como compensación.
Señaló que “esa es una propuesta que no deriva de la sentencia del TUA, sino de una manipulación del gobierno estatal para favorecer a Chenalhó y posicionar para las elecciones de 2018 a su presidenta municipal, Rosa Pérez Pérez, y a su partido, el Verde Ecologista de México, en el que milita el gobernador Manuel Velasco Coello”. Dijo que el informe del Frayba será enviado a la CIDH el 28 de este mes.
