El Gobierno de la Ciudad de México ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de implementar controles más estrictos para el servicio de transporte de pasajeros en motocicleta. Esta iniciativa surge como respuesta al crecimiento desmedido de este tipo de movilidad, el cual opera actualmente en un vacío legal que preocupa a las instituciones de vialidad y seguridad ciudadana.
El fenómeno de los “moto-taxis” o servicios de transporte privado en motocicleta no es nuevo en la capital. Originalmente, este modelo se concentraba en zonas periféricas o alcaldías con orografía difícil, donde el transporte público tradicional no tiene alcance. Sin embargo, en los últimos años, el uso de aplicaciones digitales y la demanda de movilidad rápida en zonas céntricas han disparado su presencia.
A pesar de los intentos previos por regularlos, la actividad ha operado fuera del marco de la Ley de Movilidad. El principal obstáculo ha sido la resistencia de las agrupaciones de conductores y la falta de una normativa específica que garantice la seguridad del pasajero, ya que, a diferencia de los automóviles, las motocicletas presentan un riesgo estadístico mucho mayor de lesiones graves en caso de accidentes.
Puntos clave de la propuesta de regulación
La nueva estrategia de las autoridades busca “apretar” el control mediante las siguientes acciones:
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Prohibición del servicio de pasajeros: Se busca reiterar que el transporte de pasajeros en motocicleta no está autorizado bajo ninguna modalidad de alquiler en la ciudad.
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Operativos de vigilancia: Incremento en las inspecciones viales para sancionar a quienes utilicen estos vehículos con fines de lucro fuera de la norma.
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Enfoque en la seguridad vial: La prioridad es reducir el índice de siniestralidad, argumentando que el diseño de las motocicletas no ofrece la protección necesaria para un servicio de transporte público masivo.
Posturas y comentarios sobre la medida
La noticia ha generado diversas reacciones entre los sectores involucrados:
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Autoridades de movilidad: Han señalado que no se trata de una persecución contra los motociclistas, sino de un esfuerzo por garantizar que cualquier servicio de transporte remunerado cumpla con estándares mínimos de seguridad y seguros de viaje.
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Gremio de taxis tradicionales: Han expresado su apoyo a estas medidas, argumentando que los servicios en motocicleta representan una competencia desleal al no pagar las mismas revistas, licencias especiales y seguros que el transporte regulado.
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Usuarios y repartidores: Existe una preocupación por parte de quienes utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo, aunque las autoridades han aclarado que el enfoque principal es el transporte de personas y no necesariamente el reparto de mercancías o alimentos, siempre que este último cumpla con sus propias reglas.
