(14 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Una llamada telefónica de alguien que supuestamente estaba muerto. Una madre que afirma que su hijo ha sido asesinado. Un cadáver que no aparece. Una muestra de ADN que atribuyó a la víctima el sexo femenino. Y testimonios autoinculpatorios presuntamente obtenidos bajo tortura”, así lo indicaba la periodista Anabel Hernández en su reportaje: “El Caso Wallace, más turbio que nunca”, publicado el 31 de mayo del 2014.
Desde la detención de Jacobo Tagle Dobín y Brenda Quevedo Cruz, dos de los procesados por el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda de Wallace, sus familiares han denunciado violaciones a sus derechos humanos, actos de tortura en su perjuicio y violaciones al debido proceso.
Es por eso que la Asociación contra la Fábrica de Culpables y por la Defensa de los Derechos Humanos (AFCDDH) y la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), emitieron un comunicado el 10 de abril – del cual Revolución TRESPUNTOCERO tiene copia-, acerca de que el día 25 de marzo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Washington dio respuesta acerca de las medidas cautelares que este organismo interpuso desde el año pasado.
“Las medidas cautelares solicitadas tienen como principal finalidad proteger la integridad física y psicológica de Jacobo Tagle ante el inminente riesgo de daños irreparables. Lo anterior, en relación a los actos de tortura infligidos en su perjuicio y sus secuelas, las condiciones insalubres en las que se encuentra recluido en el CEFERESO número 2 en Puente Grande, Jalisco y la negligencia en la otorgación de atención médica adecuada por parte de las autoridades carcelarias de dicho recinto que ha traído como consecuencia la afectación de su estado de salud”
Fue así que la comisión IDH mediante escrito respondió las medidas cautelares, mencionando las decisiones que se interpondrán. En este caso respecto a la salud actual de Jacobo Tagle Dobín, evaluar el tratamiento que está o no recibiendo y sobre todo las intervenciones que han acotado a las autoridades respecto a estas demandas que violan los derechos humanos.
Wallace, acusada ante la PGR
Información difundida por el semanario Proceso el 17 de septiembre de 2014, generó nuevas dudas respecto al caso Wallace, pues familiares de los acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y empleados de la propia PGR por considerar que cometieron diversos delitos para responsabilizarlos de la desaparición del hijo de la activista.
La denuncia contenía la existencia de una doble documentación oficial sobre Hugo Alberto Wallace. Además de Isabel Miranda, los señalados son su esposo Enrique del Socorro Wallace Díaz, su hermano Roberto Miranda y los siguientes empleados de la PGR: los agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, y la perito de la Dirección General de la Coordinación de Servicios Periciales Yanet Rogel Montes de Oca.
A los siete les imputan delitos contra el estado civil, de falsedad de informes dados a la autoridad, falsedad en declaraciones judiciales, simulación de pruebas, tráfico de influencias y cohecho, cargos que tendría que investigar la PGR
Los denunciantes fueron Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, recluida en el Centro Federal Femenil Noroeste del Rincón, en Tepic, Nayarit; y Raquel Dobin Rosenthal, madre de Jacobo Tagle Dobin, preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2, en Jalisco. Ambos acusados aún están a la espera de sentencia en primera instancia.
Los otros denunciantes: María Guadalupe González Lomelí, hermana de Juana Hilda González Lomelí, presa también en el Centro Federal Femenil del Rincón; y María Elena Cruz Bustamante y Luis Carrillo Bustamante, madre y tío de Alberto y Tony Castillo Cruz, ambos de nacionalidad estadunidense. El primero está preso en el Cefereso número 12, en Guanajuato, y el segundo en el Cefereso número 3, en Matamoros, Tamaulipas.
(click en la imagen para ir a la nota)
