Llegó el día en el que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió la reforma constitucional al Congreso para combatir el delito de extorsión; uno de los delitos que ha tenido mayor crecimiento en el país.
De acuerdo con el documento, la propuesta, que modifica el artículo 73 de la Constitución mexicana, permitiría al Congreso mexicano expedir una ley general en materia de extorsión, con el fin de establecer una base común que evite disparidades entre los códigos penales estatales.
Tal reforma busca corregir la heterogeneidad que existe en México, debido a que la extorsión se sanciona de manera distinta en cada estado del país.
Hasta ahora, las penas por incurrir en la extorsión van de cuatro y hasta treinta años de prisión en distintos estados mexicanos, mientras que el rango de las multas pueden ir desde los 36 mil pesos y hasta los 340 mil.
En este sentido, la propuesta de reforma explica que la falta de uniformidad normativa genera una dispersión en las tipificaciones y sanciones que se traduce en deficiencias procesales, escasa colaboración entre autoridades y, en consecuencia, en un bajo índice de judicialización del delito de extorsión.
“Una problemática que se presenta para el combate eficaz de este delito a nivel nacional es la falta de homologación de las penas (…) Mientras que en el ámbito federal la penalidad es de dos a ocho años, en Oaxaca las penas van de uno a tres años, y en Chihuahua oscilan entre cinco y 30 años. Esta disparidad debe de ser corregida”, refiere el documento.
La reforma busca que la Federación tenga competencia para definir las modalidades de la extorsión —como la telefónica, digital, presencial o mediante amenazas— y establecer penas mínimas y máximas comunes, así como protocolos de actuación para las fiscalías y policías en todo el país.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2024 se acumularon 10 mil 804 víctimas de extorsión, lo que significó un alza del 58% en los últimos seis años.
El pasado domingo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión y apuntó que en la actual administración ocho estados de México acumulan el 66% de las extorsiones a nivel país.
Precisó que los estados son el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, y dentro del plan se establecerá el número 089 para atender denuncias de extorsión, con énfasis en la importancia de la protección de la identidad de la víctima, con operadores especializados.
