La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mandó este jueves a la Cámara de Diputados su iniciativa para expedir una Ley General de Aguas, y reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
Esto con el objetivo de definir las reglas sobre el uso de ese recurso en los procesos productivos, ordenar las concesiones, y asegurar su disponibilidad para toda la población.
También se establecen las sanciones, penas y acciones de reparación del daño sobre las irregularidades que afectan la disponibilidad o la calidad del agua. En específico, se crea un capítulo V denominado Delitos Hídricos, en el que se indica que estos se perseguirán de oficio.
Sanciones por “delitos hídricos”
Entre las sanciones planteadas en la iniciativa de ley están penas de dos a 10 años de prisión a quien traslade aguas nacionales con fines de lucro sin autorización, a quien altere, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales y genere afectación directa a las condiciones hidráulicas.
De la misma manera se sancionará con hasta nueve años de prisión a quien modifique o altere los medidores de volúmenes de agua con la finalidad de simular un consumo menor.
Mientras que habrá penas de hasta 12 años de prisión a los servidores públicos que otorguen concesiones a cambio de beneficios para ellos mismos, para su cónyuge, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes civiles hasta el segundo grado o para terceros con quien tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios.
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— Conagua (@conagua_mx) October 10, 2025
Así como de uno a 12 años de prisión a los particulares que cometan actos de corrupción para que se le otorgue alguna concesión.
En tanto se aplicarán multas equivalentes a 5 millones de pesos a quienes exploten las aguas nacionales en volúmenes mayores a los autorizados; a quien realice obras en zonas reglamentadas, de veda o reservadas, sin permiso; también por cambiar el uso de suelo para el que fue concesionado y por transmitir los títulos de concesión o los permisos.
