Kinchil, Yucatán – La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó la clausura total temporal de un predio ubicado en el municipio de Kinchil, Yucatán. La medida responde a graves irregularidades que incluyen el cambio de uso de suelo sin autorización y el manejo inadecuado de grandes volúmenes de desechos orgánicos provenientes de la industria avícola, conocidos como gallinaza.
La inspección de las autoridades federales reveló que el terreno fue deforestado para habilitar áreas de almacenamiento de abono, afectando directamente la vegetación nativa de la región y comprometiendo la calidad del suelo y los mantos acuíferos debido a la filtración de desechos.
El impacto de la industria avícola en la selva maya
El conflicto por el manejo de desechos y la expansión de granjas en Yucatán ha sido un tema recurrente en los últimos años debido al crecimiento acelerado de esta industria en el sureste mexicano.
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Deforestación acumulada: En los últimos cinco años, diversas organizaciones civiles han denunciado la pérdida de cientos de hectáreas de selva baja en el anillo de cenotes debido a la construcción de naves industriales y centros de acopio de abono.
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Contaminación del agua: Dado que el suelo de Yucatán es de naturaleza cárstica (altamente poroso), el mal manejo de los desechos de aves ha provocado que los lixiviados —líquidos resultantes de la descomposición— lleguen rápidamente al agua subterránea.
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Antecedentes de quejas: Los habitantes de Kinchil y comunidades aledañas han manifestado durante meses su preocupación por los malos olores y la proliferación de fauna nociva, lo que finalmente derivó en la inspección y clausura por parte de la Profepa.
Detalles de la intervención y faltas detectadas
Durante la diligencia, los inspectores federales confirmaron que los responsables del predio no contaban con la autorización de Impacto Ambiental ni con el permiso de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales emitido por la Semarnat.
Principales irregularidades encontradas:
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Remoción de vegetación forestal: Tala de especies endémicas sin un plan de rescate o compensación.
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Manejo de residuos: Almacenamiento de excremento de aves al aire libre, sin geomembranas ni estructuras que impidieran el contacto directo con el suelo natural.
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Riesgo sanitario: La acumulación masiva de estos desechos orgánicos representa un foco de infección y una fuente de gases que afectan la salud de las poblaciones cercanas.
Comentarios y posturas de las autoridades
La Profepa fue enfática al señalar que no se permitirá que el desarrollo económico estatal ocurra a costa de la degradación de los recursos naturales.
“La clausura busca frenar el deterioro ambiental y asegurar que cualquier actividad industrial cumpla con las leyes forestales vigentes. El manejo de desechos orgánicos debe seguir protocolos estrictos para evitar daños irreversibles al acuífero”, informaron fuentes oficiales de la procuraduría.
Por otro lado, colectivos locales celebraron la medida pero exigieron que la clausura no sea temporal, sino que se obligue a la restauración total del ecosistema dañado.
“No basta con detener la operación; es necesario que el predio sea reforestado y que los desechos acumulados sean retirados con equipo especializado para evitar que las lluvias sigan lavando la contaminación hacia nuestros cenotes”, comentaron representantes de la comunidad de Kinchil.
Como paso siguiente, los propietarios del predio enfrentarán procedimientos administrativos que podrían resultar en multas económicas de gran cuantía y la obligación legal de reparar el daño ambiental causado.
