- Las autoridades estatales informaron que la Guardia Nacional de Minnesota fue movilizada y está lista para apoyar a la policía estatal, aunque no ha sido desplegada directamente en las calles.
En el centro de Minneapolis (Minnesota), grupos de manifestantes a favor y en contra de las recientes operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) protagonizaron enfrentamientos este fin de semana, en medio de una campaña de aplicación de la ley migratoria que ha sido calificada como la más amplia en la historia reciente del país. La acción de miles de agentes federales, desplegados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en las Ciudades Gemelas de Minneapolis y St. Paul, ha generado protestas continuas en las calles desde hace varios días.
Un sector numeroso de opositores a ICE se congregó cerca del edificio federal ante la presencia de un pequeño grupo de simpatizantes de las políticas migratorias del gobierno estadounidense, exigiendo el retiro de las agencias federales de la región. En el intercambio de consignas y tensión entre los grupos, varios manifestantes se enfrentaron verbal y físicamente, y al menos uno de los partidarios de ICE resultó con golpes y rasguños cuando abandonaba la escena.
Las autoridades estatales informaron que la Guardia Nacional de Minnesota fue movilizada y está lista para apoyar a la policía estatal, aunque no ha sido desplegada directamente en las calles. El objetivo oficial es garantizar la seguridad pública, preservar la propiedad y asegurar el derecho de reunión pacífica de todos los residentes, según comunicados oficiales.
La presencia federal en la región fue intensificada tras el traslado de más de 2 000 agentes del DHS con el propósito de reforzar las acciones migratorias, parte de una estrategia que incluye arrestos de personas consideradas en situación irregular y controles más estrictos en zonas urbanas.
En respuesta a las crecientes tensiones y a denuncias de uso excesivo de la fuerza, un tribunal federal en Minnesota emitió una orden que limita las tácticas que los agentes pueden usar contra manifestantes pacíficos, prohibiendo, entre otras medidas, el empleo de gas irritante o la detención de personas sin sospecha razonable de actividad delictiva. La decisión judicial busca equilibrar la aplicación de la ley con la protección de los derechos de manifestación consagrados en la Constitución estadounidense.
Las protestas y la intervención jurídica se producen en un escenario donde la política migratoria estadounidense está en el centro de intensos debates públicos y jurídicos, con implicaciones para la seguridad, la justicia y los derechos civiles en el país.
