(16 de diciembre, 2015).- El día de hoy, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDH) calificó como “inaceptables” las actuaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por hacer actuado con dilación en la investigación y la ejecución de justicia en el caso de Jorge Antonio Parral Rabadán, quien fuera ejecutado por un integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el 26 de abril de 2010 en Nuevo León.
A pesar que en 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera una recomendación que, incluso, SEDENA aceptó, a casi a 6 años de lo ocurrido, no hay consignaciones, a Casi a 6 años, de lo ocurrido, no hay ningún elemento consignado. Ante esto, funcionarios de la (SEIDO) han excusado que esto lo ha impedido “los constantes cambios de funcionarios de alto nivel, la falta de presupuesto, el exceso de trabajo y la atención prioritaria a casos más visibles y de mayor impacto mediático”.
En un comunicado, emitido por la Comisión, narran que en noviembre de 2014, el Agente Ministerio Público de la Federación presentó una solicitud de consignación ante el Juez Sexto de Distrito en materia penal del Estado de Nuevo León, contra un elemento del ejército mexicano por dicho asesinato. Sin embargo, el Juez determinó que “no había elementos suficientes”. Por lo que se logró que tres militares testigos comparecieran, y fue entonces cuando el agente del MP, dijo que, ahora sí, ya habían elementos para solicitar la consignación.
En el mismo sentido, el titular de la Unidad Especializada en Investigación de delitos en Materia de Secuestros de la SEIDO, dijo que estaban listos para consignar. Y hasta ahora, no lo han hecho.
Y es que, según el comunicado “funcionarios responsables de la investigación han señalado en diferentes ocasiones que no podrían implicar a la SEDENA, ya que supondría “meterse el pie” entre instituciones”
Aún hay más, a 4 días de que, finalmente, la SEIDO daría a conocer la fecha de consignación, el probable responsable, presentó un escrito alegando presunción de inocencia, que se le diera a conocer los hechos que se le imputaban y rendir su declaración. Cuestión sumamente extraña pues “en ningún momento se dio a conocer a los militares que habían declarado con anterioridad, quién podría ser el probable responsable, pues únicamente se les preguntó si lo conocían y si él había participado en el operativo“.
Ante esto, la comisión acusa: “resulta particularmente preocupante que el actual titular de SEIDO, haya permitido dentro de sus instalaciones el acceso irregular a los expedientes por parte de elementos de la SEDENA y sus representantes legales en la propia oficina del Subprocurador, así como la filtración y manejo indebido de la información, lo que ha comprometido la independencia y objetividad de la investigación, poniendo en riesgo el acceso a la justicia y la verdad a que la familia Parral Rabadán”
Es por esto que la CMDPDH instó a la Procuradora Areli Gómez, girar “indiscutibles instrucciones a sus subordinados para que respeten el derecho de las víctimas al debido proceso penal, así como a la verdad, la justicia, y la reparación integral. Asimismo, que ordene a todo su personal actuar con independencia militar que parece tiene un trato privilegiado, provocando serias dudas sobre el genuino interés del Gobierno Federal de combatir la impunidad por las violaciones graves a los derechos humanos en México”.
