La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, junto con autoridades penitenciarias estatales y defensorías públicas, establecieron acuerdos para asegurar que las personas indígenas privadas de la libertad cuenten con intérpretes y traductores durante sus procesos judiciales.
El objetivo es fortalecer su derecho a una defensa adecuada con enfoque intercultural, así como proteger su identidad cultural y facilitar el acceso a beneficios legales como la preliberación o la libertad anticipada.
De acuerdo con información oficial, actualmente sólo 22 entidades del país cuentan con intérpretes y traductores, además de un fondo destinado a apoyar la excarcelación de personas indígenas en reclusión.
En estas mesas de trabajo participaron autoridades penitenciarias de estados como Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
Como parte de estas acciones, también se realizaron visitas a 29 centros penitenciarios, donde se identificaron medidas como la difusión de información sobre derechos y obligaciones en lenguas indígenas, la integración de personal hablante de idiomas originarios como traductores y la certificación de personas privadas de la libertad como intérpretes.
Asimismo, se reportaron iniciativas con enfoque intercultural en materia de salud, entre ellas el uso regulado de medicina tradicional y la instalación de huertos con plantas medicinales dentro de los centros.
Las autoridades también implementaron medidas para fortalecer el vínculo familiar, como ampliación de horarios de visita, acceso a familiares de hasta tercer grado y visitas domiciliarias para informar sobre la situación jurídica de las personas internas.
La CNDH señaló que es necesario reforzar las estrategias institucionales para garantizar los derechos de las personas indígenas, afrodescendientes y afromexicanas en reclusión, así como promover el acceso a mecanismos que aseguren una defensa en condiciones de igualdad.
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