(23 de marzo, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- El 4 de agosto de 2014, dos visitadoras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acudieron al CERESO 14 El Amate (CERSS), con el fin de llevar a cabo entrevistas a internos indígenas, derivado de las acciones del Programa de Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión, así es como fue de su conocimiento que ese día “V1”, un indígena tzotzil, había fallecido en el interior del penal, desconociéndose las causas de su deceso.
El nombre de la persona fallecida estaba visible en el listado que las autoridades del CERSS 14 proporcionaron a las servidoras públicas para la realización de las actividades encomendadas, en el que se menciona su origen tzotzil; que ingresó a ese centro de reclusión el 15 de abril de 2011, sujeto a proceso en la Causa Penal, por la probable comisión de un delito del fuero común, a disposición del Juzgado Primero del Ramo Penal en Cintalapa, Chiapas.
En esa visita, una autoridad del penal El Amate, señaló que el lugar de los hechos estaba acordonado, porque ahí se encontraban efectuando las diligencias conducentes sobre el caso. Días más tarde, el 12 de agosto de 2014, una visitadora adjunta de ese Organismo Nacional se comunicó telefónicamente con personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, quien informó que en esa fecha se inició de oficio la queja, que correspondía al fallecimiento del indígena, con el expediente número CEDH/0735/2014.
La CNDH atrajo el caso, debido a la naturaleza de la situación, ya que la persona fallecida pertenecía a un grupo en situación de vulnerabilidad (indígena de reclusión), además el proceso jurídico presumía probables violaciones a derechos humanos. Por lo que el organismo emitió una recomendación al gobernador Manuel Velasco Coello, en la que se denunció “la falta de cuidado, deficiencia en la seguridad, vigilancia y control por parte de las autoridades penitenciarias del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 (CERSS 14), El Amate”.
“El Amate es uno de los penales chiapanecos donde menos control existe por parte de las autoridades, ahí lo que sí hay, es un estado de ingobernabilidad, donde son los reos quienes mandan y al mismo tiempo ‘hacen favores’ a cualquiera (incluido personal de la prisión). La muerte de este indígena tzotzil no es la primera que sucede ahí adentro, pero posiblemente si se le da seguimiento y si existe presión por parte de las organizaciones logrará justicia.
A Velasco Coello no le importan la falta de condiciones adecuadas para la coexistencia digna y segura en el Amate, el autogobierno impera porque no es gente a la que se pueda comprar en las próximas votaciones, si no es capaz de invertir en la seguridad de escuelas, en la salud o en alumbrado público, mucho menos lo hará en los penales, lo que provoca la transgresión del derecho a la integridad personal en su agravio, como lo que sucedió con el indígena.
En Chiapas ya es algo ‘común’ la discriminación de indígenas, principalmente la que ha derivado en exterminio, por parte del gobernador; un político racista. La muerte de cualquier persona dentro del penal es urgente de investigar, pero cuando se trata de un indígena puede interpretarse como un crimen de odio, ya se tenían indicios de violación a derechos humanos, de seguir investigando posiblemente se hubiera descubierto tortura y después su inocencia, pero lamentablemente se supo de su existencia el mismo día que falleció, ese es uno de los tantos indicios que todo el sistema judicial chiapaneco carece de graves faltas, solapadas por un gobernador omiso y en los últimos años ausente”, afirma a este medio el penalista Roberto Cisneros.
El abogado explica que el 4 de agosto de 2014, pasadas las diez de la mañana, el indígena preso fue encontrado muerto, “estaba colgado en el baño de un segundo nivel de El Amate. Parecía un suicidio, pero lo que ahora se necesita es ir más allá de una recomendación, porque a este tipo de documentos si no les hace caso ni Peña Nieto, mucho menos Velasco Coello.
Se necesita una investigación exhaustiva sin la menor de las fallas y con todos los cuidados posibles para descubrir qué pasó el día de su fallecimiento, la noche anterior y el trato que había recibido desde su llegada, tanto por parte de las autoridades del penal, como de sus compañeros reos. Se trata también de analizar el ambiente y la manera en que ciertos grupos dirigen la vida ahí adentro y cuál es el papel permisivo (corrupto) o de amenazas que desempeña, quien está al frente de esta prisión. Todo esto será un arduo trabajo, y lamentablemente no se sabe si en el camino no habrá corrupción para acallar testigos o voces, lo cual pudo ser evitable de existir mayor vigilancia”, comenta Cisneros.
La CNDH recuerda a Velasco Coello que su deber es garantizar la seguridad y respetar el derecho a la integridad personal de quienes tiene bajo su custodia, lo cual debe adquirir mayor cuidado cuando las personas privadas de su libertad concurren algunas otras características que los ponen en una situación particular de riesgo o vulnerabilidad, como es el caso de las personas indígenas en reclusión, pues este sector enfrenta, además, diversa problemática que se agudiza con su condición, en muchos casos monolingüe, lo que les dificulta entender no solo su situación jurídica y las circunstancias legales de sus casos, careciendo en varias ocasiones de asesoría jurídica inmediata, de asistencia de traductores o intérpretes que tengan conocimiento de su lengua y su cultura, de defensores públicos especializados. Lo anterior, a decir por el organismo, se acentúa por la falta de recursos económicos y por la poca o nula instrucción escolar que en la mayoría de los casos tienen.
Ante esto la CNDH recomendó a Velasco Coello “instruir a la autoridad penitenciaria aplicar las medidas conducentes en el CERSS 14, tendentes a garantizar el derecho a la integridad personal de quienes están bajo su custodia, en los términos precisados en la Recomendación, incrementando el personal de seguridad y vigilancia en los módulos de ese Centro, erradicando el autogobierno, evitando que internos ejerzan funciones de mando que le competen al personal de Seguridad y Custodia, y llevando a cabo la clasificación de la población penitenciaria, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución federal”.
“La CNDH ha solicitado que Velasco colaborare ampliamente con ésta en el procedimiento administrativo que se inicie en contra de los servidores públicos responsables, si le conviene exhibirse tomará cartas en la problemática, incluso puede permitir que los responsables sean juzgados y tengan una condena, pero si se encuentra en un terreno de intereses personales esto no pasará así sean organismos internacionales los que le pidan dicha acción.
En Chiapas existen más de 8 mil indígenas en prisión y su principal delito es no hablar español, así es más fácil inculparlos y hacerlos firmar declaraciones falsas, los asesinen dentro de la cárcel o ellos comentan suicidio por desesperación, deben ser situaciones evitables ambas, por eso el Estado invierte en custodios, pero estos mismos han sido cooptados por las bandas delincuenciales que operan en penales como El Amate”, afirma el especialista.
El también activista, asegura que en El Amate la extorsión a indígenas es constante, aun cuando son un grupo de escasos recursos, “de no tener el dinero para pagar las cuotas los obligan a realizar otro tipo de actividades y acciones, los convierten en esclavos, y lamentablemente en algunos casos se habla de abuso sexual, tragedias que no se ven, porque esa prisión no tiene ley. Ahí los motines, las riñas, los muertos y heridos son constantes, sin que esto preocupe mientras siga en la impunidad”.
El abogado narra que el último acto de violencia en El Amate se suscitó en febrero pasado, cuando una riña dejó como sado diez reclusos lesionados, que fueron internados de urgencia en el Hospital Básico Comunitario de Cintalapa, Chiapas.
“Una fuente anónima aseguró que la posible causa de los hechos fue que internos de los módulos; azul, café y melón, con el rostro cubierto y armados con machetes se trasladaron al módulo verde para sacar al vocero de ese lugar, de nombre José Antonio Velázquez Lázaro. Esto aún cuando resultaría ‘imposible’, que este tipo de armamentos se encuentre dentro de una prisión.
El Amate es un monumento a la impunidad, como lo es todo el gobierno de Velasco Coello”, asegura el especialista.
