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6 años después, CNDH pide sancionar a militares por torturar a 4 jóvenes en Baja California

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(17 de octubre, 2015).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió indagar y sancionar a militares y personal de la PGR acusados de detener y torturar a cuatro hombres en Baja California en 2009 (los 4 de Rosarito).

En la recomendación 33/2015, el organismo retoma la condena al Estado mexicano que emitió la semana pasada el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), por sus siglas en inglés), en un caso en el que también fue cuestionada su actuación.

Finalmente, y luego que los familiares de las víctimas denunciaran desatención en el caso por parte de la CNDH, ésta acreditó que los cuatro hombres, acusados de secuestro, fueron detenidos arbitrariamente en Playa de Rosarito y llevados a las instalaciones del 28 Batallón de Infantería y la Segunda Zona Militar en Tijuana.

Los jóvenes sufrieron golpes, descargas eléctricas, tortura sexual, extracción de uñas, simulación de ahogamiento con bolsas de plástico y amenazas de muerte. Aunque las víctimas presentaban evidentes signos de tortura y lo declararon frente a un juez, dicha información fue omitida. Actualmente, los cuatro están presos en el Cefereso de Tepic.

Después de seis años, el mismo tiempo que han estado los jóvenes en prisión, llega la recomendación de la CNDH, en una entrevista exclusiva para Revolución TRESPUNTOCERO, la abogada Mayra López, hermana de uno de los jóvenes, aseguró que “pareciera que la CNDH protege a los militares y no a los familiares de las víctimas”, tras denunciar que les propusieron negociar con el ejército, sin antes dar una recomendación.

En su reporte, el CAT criticó que, pese a la presentación de escritos y quejas del caso, la comisión cerró el expediente en octubre 2009, al considerar que las víctimas señalaban conductas constitutivas de “responsabilidad administrativa”, por lo que remitió la queja a la Contraloría del Ejército.

Aunque reabrió el expediente en 2010, no había emitido una resolución. Ahora, en su recomendación, la CNDH no exige que los hombres sean liberados, ni establece la obligación del Ejército y PGR de reparar el daño provocado.

Sin embargo, se hace eco de la resolución emitida por el CAT, que también cuestionó la actuación de la Comisión. Aunque la CNDH afirma que acreditó la detención arbitraria en 2009 de cuatro hombres acusados de secuestro en Playa de Rosarito, Baja California Sur, víctimas de personal militar.

Frente a esos graves hechos violatorios a los derechos humanos de los 4 civiles, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, junto con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) presentaron el 15 de marzo de 2012 una comunicación individual del caso ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Esta es la primera comunicación individual que se presenta ante este Comité y cuya resolución dio como resultado la primera condena a México por tortura.

A más de 5 años de haber sucedido los hechos, los 4 civiles de Rosarito permanecen presos bajo la figura de prisión preventiva, ya que aún no existe una sentencia condenatoria en su contra; las secuelas de la tortura, a su vez, permanecen presentes en las víctimas, y se agudizaron por la negación de las autoridades del penal de brindarles una atención médica adecuada.

Orlando Santaolaya, por ejemplo, aún tiene dislocada la mandíbula producto de los golpes, Rodrigo Ramírez tiene una lesión en la columna vertebral y Ramiro López presenta la pérdida de audición de un oído y riesgo de perder el otro a causa de los golpes recibidos en la cabeza.

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