La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lanzó un posicionamiento directo y sin rodeos: no coincide con las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) y rechaza que en México exista actualmente un patrón de desapariciones “generalizadas o sistemáticas”.
En un pronunciamiento fechado el 4 de abril de 2026, el organismo sostuvo que el análisis del Comité internacional carece de perspectiva histórica y de contexto, al mezclar realidades distintas y dejar de lado el peso de fenómenos clave como la “Guerra sucia” (1951-1990) y la “Guerra contra el narcotráfico” (2006-2012).
El choque: ONU vs CNDH
El documento parte de una diferencia de fondo: mientras el Comité de la ONU planteó que existen indicios de desapariciones forzadas de forma “generalizada”, la CNDH responde que esa conclusión no se sostiene con una revisión completa de los datos ni de la evolución del fenómeno.
De acuerdo con el organismo mexicano, el CED basó su decisión en información parcial, en buena medida impulsada por algunas organizaciones, sin considerar los esfuerzos institucionales y presupuestales recientes del Estado mexicano.
Además, la CNDH subraya que, antes de escalar el caso a la Asamblea General de la ONU, debieron agotarse primero las instancias nacionales, como lo establece la propia Convención internacional.
El punto clave: el pasado sí importa
La CNDH pone el dedo donde duele: el grueso de las desapariciones forzadas se concentra en periodos anteriores, especialmente durante la “Guerra sucia” y la estrategia de seguridad implementada en el sexenio de Felipe Calderón.
El organismo es contundente al señalar que esa política tuvo una estrecha correlación con el incremento de desapariciones, y recuerda incluso el contexto de alto nivel que rodeó ese periodo.
En ese sentido, lanza una pregunta directa que funciona como dardo político:
“¿Acaso se les ha olvidado a los integrantes del CED que el gobierno de Felipe Calderón tuvo a un secretario de seguridad pública sentenciado en un tribunal de Nueva York por sus vínculos con el crimen organizado?”
Para la CNDH, minimizar ese contexto y colocar en el mismo plano la situación actual distorsiona el análisis y diluye responsabilidades históricas.
¿Qué dice la CNDH sobre el presente?
El organismo afirma que la desaparición forzada ha dejado de ser una política de Estado, como sí ocurrió en décadas pasadas, y que los casos atribuibles a autoridades federales han venido disminuyendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer.
También advierte que el enfoque del Comité cae en contradicciones, al reconocer por un lado los efectos de la estrategia de seguridad pasada, pero al mismo tiempo no establecer con claridad su vínculo estructural con las desapariciones.
Las cifras y las acciones
Para respaldar su postura, la CNDH presenta resultados concretos:
- 14 recomendaciones emitidas por desaparición forzada relacionadas con hechos de años anteriores.
- Casos documentados que van desde la “Guerra sucia” hasta el periodo de la “Guerra contra el narcotráfico”.
- 5 recomendaciones adicionales sobre hechos recientes, atendidos de manera más expedita.
Las 14 recomendaciones emitidas por la CNDH sobre desaparición forzada que abordan hechos de años anteriores son:
- La Recomendación 200/Q/VG/2025, que da cuenta de hechos ocurridos en octubre de 2012, en que se privó de la libertad a una persona por un comando armado que irrumpió con violencia en su domicilio, ubicado en Iguala de la Independencia, Guerrero, desconociéndose desde entonces su paradero.
- La 158VG/2024, por hechos que ocurrieron en junio de 2010, a la DEFENSA, a la FGJ de la Ciudad de México y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México.
- La 137VG/2023, por hechos ocurridos entre 1958 y 1966, en Poza Rica, Veracruz, a la DEFENSA, al municipio de Poza Rica de Hidalgo, a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a PEMEX y SEGOB.
- La 98VG/2023, por hechos ocurridos entre 1965-1990 (el periodo de la llamada “Guerra Sucia”), a la FGR, SEGOB, SHCP, DEFENSA, Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración de la SEGOB, Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990, CEAV, CNI, AGN, Gobierno Constitucional del Estado de Guerrero y Mesas Directivas de las Cámaras de Senadores y de Diputados.
- La 89/2023, por hechos ocurridos el 22 de octubre de 2013, en el estado de Veracruz, a SEMAR, Gobierno del Estado de Veracruz y Fiscalía General del Estado de Veracruz.
- La 64VG/2022, por hechos ocurridos el 5 de marzo de 2009, en Chihuahua, a la DEFENSA y FGR.
- La 58VG/2022, por hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2017, en Villa Purificación, Jalisco, a la SEMAR.
- La 56VG/2022, por hechos ocurridos el 18 de diciembre de 2017, en Cancún, Quintana Roo, a la FGR, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y Presidencia Municipal de Benito Juárez.
- La 46VG/2021, por hechos ocurridos el 17 de marzo de 2017, en Irapuato, Guanajuato, a la DEFENSA.
- La 43VG/2021, por hechos ocurridos el 7 de noviembre de 2018, en Salamanca, Guanajuato, a la SEMAR, FGR y Gobierno Constitucional del Estado de Guanajuato.
- La 41VG/2020, por hechos ocurridos en 2017, en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, FGR y Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
- La 36VG/2020, por hechos ocurridos en los meses de febrero a mayo del 2018, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a la SEMAR, FGR, Gobierno Constitucional del Estado de Tamaulipas y Presidencia Municipal de Nuevo Laredo.
- La 35VG/2020, por hechos acaecidos el 11 de octubre de 2016, en Ciudad Camargo, Tamaulipas, a la SEMAR.
- La 34VG/2020, por hechos ocurridos en enero de 2010 en Comalcalco, Tabasco, a la DEFENSA, FGR, Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco y Fiscalía General del Estado de Tabasco.
El organismo también señala que en años recientes ha impulsado mejoras en los registros, búsqueda de personas y mecanismos de justicia, además de evidenciar fallas históricas como las omisiones en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Las 5 recomendaciones adicionales sobre hechos recientes, atendidos de manera más expedita, son:
- La 110VG/2023, por hechos ocurridos el 17 de marzo de 2022 en Huitzilac, Morelos, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y FGJ de la Ciudad de México.
- La 99VG/2023, por hechos ocurridos el 17 de agosto de 2021, en Culiacán, Sinaloa, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Sinaloa.
- La 83VG/2022, por hechos ocurridos el 27 de marzo de 2022 en Vicente Guerrero, Durango, a la Guardia Nacional.
- La 82VG/2022, por hechos ocurridos el 14 de agosto de 2020, en Coyuca de Catalán, Guerrero, a la DEFENSA.
- La 37VG/2020, por hechos ocurridos en marzo de 2019, en Tlahuapan, Puebla, a la SEMAR.
El fondo del desacuerdo
Más allá de las cifras, la CNDH sostiene que el informe del Comité internacional presenta inconsistencias:
por un lado afirma que no hay una política estatal deliberada para cometer desapariciones, pero por otro sugiere que estas ocurren bajo dinámicas estructurales vinculadas a autoridades.
Para el organismo mexicano, estas contradicciones, sumadas a la falta de análisis histórico y global —incluyendo factores como el tráfico de armas, el consumo de drogas y el lavado de dinero—, limitan el alcance real del diagnóstico.
La advertencia final
La CNDH también cuestiona la intención de llevar el caso mexicano a la Asamblea General de la ONU para promover medidas como “cooperación técnica”, “asistencia especializada” o “apoyo financiero”, al considerar que estas fórmulas ya han sido aplicadas sin resultados efectivos en el pasado.
Además, advierte que ciertos posicionamientos internacionales pueden responder a intereses de agenda más que a un análisis integral de la realidad mexicana.
Con este pronunciamiento, la CNDH no sólo marca distancia con el Comité de la ONU, sino que reabre el debate sobre la responsabilidad histórica de las políticas de seguridad del pasado, colocando nuevamente en el centro del tablero a la “Guerra sucia” y la estrategia de Felipe Calderón como puntos críticos para entender la crisis de desapariciones en México.
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