El pasado 10 de octubre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación No. 39/2017[1], primer pronunciamiento de una autoridad mexicana en la que se reconoce el derecho humano a no sufrir desplazamiento interno forzado en México debido a la violencia.
En dicha determinación, la CNDH reconoce que 2 mil 038 personas originarias de los municipios de Choix y Sinaloa de Leyva, del Estado de Sinaloa, que se vieron forzadas a desplazarse a causa de la violencia y la falta de medidas de seguridad por parte de autoridades estatales y municipales.
La Recomendación No. 39/2017 es la primera que reconoce el fenómeno de desplazamiento interno forzado como consecuencia de la violencia del crimen organizado en México, situación que no ha sido atendida adecuadamente por las autoridades, manteniendo los casos en total impunidad y obligando a que comunidades completas se vieran forzadas a desplazarse.
Asimismo, el organismo autónomo nacional se pronuncia por el derecho a defender los derechos humanos, estableciendo como víctimas directas a dos defensoras de derechos humanos que sufrieron amenazas y represalias como consecuencia de su labor, razón por la que fueron obligadas a desplazarse, sufriendo las mismas afectaciones de falta de protección del Estado que las personas que defendían.
Dentro de las principales recomendaciones dirigidas al Gobierno de Sinaloa así como a la Fiscalía General y a los municipios de Sinaloa de Leyva y de Choix, destacan el diseño e implementación de un Programa de Reparación en conjunto con las personas en situación de desplazamiento y las personas defensoras de derechos humanos afectadas, la presentación de una iniciativa de Ley que prevea y atienda a las personas desplazadas internas, la tipificación del delito de desplazamiento y la creación del Sistema de Atención a Víctimas de Sinaloa en el marco de la Ley General de Víctimas.
De igual forma, la CNDH solicitó a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa girar instrucciones para que se realicen las diligencias necesarias en cuanto a la investigación de los hechos denunciados en las diversas averiguaciones previas y que se implemente un protocolo de investigación de los casos de desplazamiento interno forzado en la entidad.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en su calidad de representante de personas víctimas del caso, reconoció la importancia y alcance de la Recomendación e instaron a su cumplimiento total por parte del gobierno de Sinaloa.
Sin embargo, subrayaron en la necesidad que el desplazamiento interno forzado sea comprendido de manera integral, reconociendo que es una violación que ocurre diariamente en todo el territorio mexicano y por el cual miles de personas han perdido su patrimonio así como sus vínculos familiares y comunitarios.
