Este jueves, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió su posicionamiento contra el informe del Departamento de Estado estadunidense que se refiere a la situación de abusos a las garantías básicas en México, pues considerar que algunos de sus señalamientos no están del todo fundamentados o son “un medio político” que puede utilizarse para “partidizar o electoralizar” la agenda de derechos humanos en el país, lo cual “sería algo sumamente pernicioso”.
Asimismo, defendió su propia actuación y puso en tela de juicio los señalamientos de Washington sobre el tema, al considerar que “no pueden ser utilizados para generalizar la situación prevaleciente” en el país.
En un texto de 31 páginas, la CNDH indicó que hizo una “revisión pormenorizada” del Informe anual sobre prácticas de derechos humanos 2020 de la cancillería estadunidense –dado a conocer el pasado 30 de marzo–, en particular sobre la afirmación de que “la impunidad y los índices extremadamente bajos de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos”, incluidos los abusos contra los derechos humanos.
“En todo caso, los hechos que consigna el documento elaborado por el Departamento de Estado de Washington no pueden ser utilizados para generalizar la situación prevaleciente hoy en México en materia de derechos humanos, puesto que deja de lado los avances y esfuerzos en el mismo texto señalados (como el hecho de que se indique que el gobierno federal promovió “la reforma laboral más completa en un siglo”), y omitiendo otros de trascendencia (como la puesta en vigor del Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, el cual es obligatorio para todas la dependencias de la Administración Pública Federal), enfatizando sólo aquellos elementos que se muestran como problemáticos. Además, como refiere el propio Reporte, ésta Comisión Nacional ha estado atendiendo muchas de las situaciones derivadas de los hechos referidos, conforme a la normatividad que rige su actuación y en algunos casos yendo más allá acompañando las demandas de las víctimas frente a las autoridades”, escribió la dependencia.
Entre muchas otras cosas, el organismo autónomo consideró que el informe no refiere normatividad en que se fundamente su realización. Esto puede parecer relevante en relación a los principios de “autodeterminación de los pueblos” y de “no intervención” de la política exterior de México, establecidos en el artículo 89, fracción X,1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
