- La oficina ofrecerá un servicio integral que va más allá de la asistencia legal: contará con traductores, acompañamiento cultural y asesoría especializada.
En un hecho sin precedentes para la justicia mexicana, este fin de semana se puso en marcha en Huejutla, Hidalgo, la primera oficina federal de la Defensoría Pública especializada en pueblos indígenas y afromexicanos. El acto fue encabezado por el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, junto con representantes del Órgano de Administración Judicial.
La apertura de este centro, según Aguilar Ortiz, marca un “nuevo frente” en la impartición de justicia: no solo garantizar derechos, sino ser “defensores del pueblo”. Gracias a una reforma constitucional aprobada el 30 de septiembre de 2024, las comunidades indígenas por primera vez obtuvieron reconocimiento legal y una calidad jurídica plena.
La oficina ofrecerá un servicio integral que va más allá de la asistencia legal: contará con traductores, acompañamiento cultural y asesoría especializada para garantizar que los procesos se desarrollen con sensibilidad intercultural.
Para Benjamín Rubio Chávez, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, este espacio representa una puerta abierta: “Esta es su casa… Estamos para servirles”, señaló, al advertir que la justicia demorada es justicia negada y que el distanciamiento cultural también puede ser una barrera.
El lanzamiento de esta oficina no ocurre en el vacío: se enmarca en un momento clave del Estado mexicano. Desde abril de 2025, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, se han convocado foros de consulta en 70 regiones del país para diseñar una ley general que concretice aún más esos derechos.
Defensores y autoridades coinciden: la nueva Defensoría Pública es un paso esencial para cerrar una deuda histórica, garantizar una justicia más inclusiva y construir un Estado que responda de verdad a su diversidad.
