Ilustración: Pe Aguilar
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(08 de abril, 2015).- No es un secreto para México el fastidio y desconfianza total que existen hacia Enrique Peña Nieto y los partidos políticos en general, sin embargo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se lleva la “corona” respecto a hartazgo actual, además de todos sus métodos empleados a lo largo de la historia en el país, para reprimir y hacer que su voluntad sea el único gobierno en México. Ante el panorama nada agradable que vive la libertad de expresión y la seguridad, ambos con una inflexión fuerte que fue el despido de Carmen Aristegui y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el mundo comienza a criticar la situación de México y apuntarla con el dedo y Jesse Franzblau lo deja, una vez más, claro en la siguiente nota escrita para Aljazeera America.
El 15 de marzo la empresa mexicana MVS Comunicaciones despidió a la galardonada periodista de investigación Carmen Aristegui, después de rechazar su petición de que se reintegrara a dos de sus colegas. Se trataba de Daniel Lizárraga e Irving Huerta, quienes fueron despedidos una semana antes por MVS Radio, despedidos, presuntamente, por usar el logotipo de la empresa sin permiso en apoyo de MéxicoLeaks, una nueva plataforma de denuncia de irregularidades en marcha desde el 10 de marzo.
Cabe señalar que Aristegui, y su equipo de reporteros, hicieron previamente un reporte acerca de la investigación sobre la opulenta mansión de Enrique Peña Nieto, que fue construida por un desarrollador de bienes raíces que más tarde ganó lucrativos contratos gubernamentales. El despido de una de las periodistas de radio más importantes del país ha ocasionado que renazca el terror y por el retorno a las “malas viejas formas”, cuando el gobierno mexicano contaba con la colaboración de los medios de comunicación para reprimir las voces periodísticas críticas.
En las horas siguientes a la matanza de 1968, de estudiantes que protestaban por las fuerzas militares y de seguridad en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México, las autoridades se movieron rápidamente para encubrir los asesinatos, confiscar grabaciones, reportajes inéditos y otros documentos de los periodistas que cubrían la manifestación. El gobierno quería que el problema de los estudiantes y las noticias del derramamiento de sangre desaparecieran ya que México se preparaba para acoger los Juegos Olímpicos de 1968.
No fue sino hasta 2002 que el diario El Universal publicó fotos de ese día de un rollo que se mantuvo en secreto durante décadas. El encubrimiento de la masacre de Tlatelolco tuvo lugar en un momento en que los medios de comunicación eran aliados del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México durante siete décadas consecutivas. Esta fue una de las principales razones para que la masacre de Tlatelolco, junto con un sinnúmero de otras atrocidades cometidas durante el período de “guerra sucia” en México, permaneciera en secreto durante décadas.
Como Peña Nieto, y los índices de aprobación del PRI se desploman, mantener una cultura de secretismo y silenciar a los disidentes parece vital para su futuro político. En un reciente artículo de opinión, “Todos somos Carmen“, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el profesor John Ackerman realiza una conexión apta entre el despido de Aristegui y las próximas elecciones legislativas del 7 de junio. ‘El show de Aristegui’ transmitió ocasionó una mayor presencia de los partidos de oposición y se trataron temas controversiales, entre ellos el asesinato, el pasado junio, de 22 personas en Tlatlaya además del secuestro y desaparición de 43 estudiantes, a finales del año pasado, de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
El escándalo también llega en un momento crucial en la lucha por el acceso a la información del gobierno acerca de los abusos de poder en México. Los periodistas están usando cada vez más la Ley de Transparencia del país, que incluye una cláusula específica que exige la revelación de información clasificada sobre las graves violaciones de los derechos humanos, para exponer los secretos de Estado, la corrupción y los abusos de poder.
Los periodistas despedidos de MVS citaron esta cláusula para obtener documentos sobre el asesinato Tlatlaya e intento de encubrimiento, por parte del ejército. Del mismo modo el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó al ejército revelar información relativa a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, citando la misma cláusula. Después el IFAI dio otra orden; en diciembre la Fiscalía General dio a conocer un documento secreto acerca de las matanzas de San Fernando. Dichos documentos contenían nueva información sobre las conexiones entre la policía y el célebre cártel de drogas “Los Zetas” en el momento de las masacres.
Pero también existen otros casos en los que el acceso a los datos del gobierno podría implicar a la administración de Peña Nieto en violaciones graves de los derechos humanos. La divulgación de secretos de Estado pone al gobierno al escrutinio nacional e internacional generalizado. Pero es el tipo de publicidad que el gobierno de Peña Nieto intenta evitar. La divulgación de información es particularmente delicada al hablar de las relaciones entre Estados Unidos y México, donde miles de millones de dólares, para la seguridad de Estados Unidos, están en juego. Ambos gobiernos se basan en campañas coordinadas de relaciones públicas para justificar que se continúe el financiamiento, desde Washington, para la guerra contra las drogas.
Durante el año pasado el gobierno de Peña Nieto ha emprendido campañas de relaciones públicas agresivas, llevando a cabo coberturas internacionales donde se señalan, como algo positivo, las amplias reformas económicas del mexiquense. Peña Nieto apareció en la portada de la revista Time, en febrero de 2014, con una leyenda que decía, “Saving México”. The Economist también ha defendido la agenda de reformas de Peña. Incluso en la raíz de la tragedia, ocurrida en Ayotzinapa, The Economist continuó elogiando las reformas estructurales de Peña Nieto, sin embargo reconoció que no había estado de derecho en México.
Empero el despido de Aristegui y su personal es un punto de inflexión. Se ha producido un alejamiento de la alabanza internacional, incuestionable, para la administración de Peña Nieto. Por ejemplo; el informe de The Economist, sobre el caso Aristegui, señaló la sospecha de que el gobierno está luchando para recuperar su popularidad, a menos de tres meses de las elecciones de junio, por lo que presionó a MVS Radio al despido de los que podrían manchar su imagen. The New York Times señaló que el escándalo se está viendo como un “golpe a la libertad de expresión”, que une directamente el despido de los periodistas con sus reportajes sobre la mansión de Peña Nieto.
Sin embargo el gobierno en México podría darse cuenta muy pronto de que no es fácil silenciar a los medios de comunicación en la era digital de hoy en día. El establecimiento de MéxicoLeaks desencadenó la serie de eventos que condujo a despido de Aristegui. MVS Radio se negó a unirse a la plataforma y despidió a sus periodistas. En respuesta el grupo de ciber-activista Anonymous hackeó el sitio web de MVS Radio y anunció que la empresa participaría en MéxicoLeaks “involuntariamente”, lo que sugiere que tiene la intención de filtrar correo internos y otros documentos.
MéxicoLeaks espera exponer la corrupción política, los abusos de derechos humanos y otros malos usos de poder institucional y económico. Es parte de la investigación periodística de México, que sigue creciendo a pesar de los enormes obstáculos. Los periodistas de investigación han descubierto información oculta, no sólo sobre el papel de la policía federal y militar en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, sino también de los intentos del gobierno para ocultar la información pertinente, enterrar los errores en sus investigaciones y reprimir conclusiones indeseables.
Los 43 estudiantes que faltan de Ayotzinapa estaban en camino para conmemorar la masacre de 1968 en Tlatelolco, cuando las fuerzas de seguridad los interceptaron y los secuestraron. Los detalles sobre su paradero siguen siendo desconocidos. Espero que los periodistas en México puedan superar esta “cultura del secreto” para garantizar que las familias de las víctimas, y el público mexicano, no tendrán que esperar décadas para conocer toda la verdad detrás de esta tragedia.
