Ahora es un buen momento para hablar de ese tercer poder. Desde la época del PRI de Carlos Salinas hasta la fallida transición democrática con el PAN, si hay un sitio —un órgano del Estado— que no ha cambiado, que se ha resistido a la transformación —hablo de su esencia corrupta— ese ha sido el Poder Judicial, uno de los tres poderes del pacto federal.
La Presidencia de la República ha mudado de un partido político a otro en tres ocasiones, y el Congreso de la Unión pasó de un corrupto carro completo priista a mayorías parlamentarias artificiales del PAN, luego del PRD, ahora de Morena. Pero el tercer poder, el que integran ministros, magistrados y jueces, pertenece y ha pertenecido a los mismos partidos políticos y a los mismos brokers, vaya, a los mismos dueños, desde hace décadas, gracias al trabajo de los guardianes del derecho (abogansters y coyotes que —como el Artemio Cruz de Carlos Fuentes— al precipitarse cada nuevo sexenio siempre «caen hacia arriba»).
Y es revelador hasta el escándalo lo que es el Poder Judicial sin un titular del Ejecutivo que les ordene qué hacer, ni cabilderos en San Lázaro o el Senado con quienes coordinarse (cabilderos estilo Ricardo Monreal, Roberto Gil Zuarth, Manlio Fabio Beltrones o Diego Fernández de Cevallos). Lo que vemos claramente son ministros, magistrados y jueces que ponen la justicia al servicio del mejor postor, casi siempre se trata de personas con los bolsillos tan abultados como sus expedientes. Lo anterior sin considerar sus ya de por sí elevados sueldos, lo cual ha cuestionado una y otra vez el obradorismo.
Para ser claros, a pesar de rodearse de bustos y pinturas de un humilde Benito Juárez, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y los juzgados de distrito están integrados por acaudalados defensores de empresarios, políticos y narcotraficantes. Una verdad de Perogrullo, si la ministra Norma Piña no se hubiese metido a la campaña presidencial anunciando una investigación contra Arturo Zaldívar, ministro en retiro e integrante del equipo de la candidata Claudia Sheinbaum.
Este hecho contradice a la propia Norma Piña quien en el pasado aseguró que el Poder Judicial no hace política ni debe subordinarse a la agenda política, y lo paradójico es que con esto la ministra se convirtió en una más de las operadoras electorales de la campaña de Xóchitl Gálvez. Aunque yo anticipo que al igual que a la DEA (la Agencia Antidrogas de Estados Unidos) durante la precampaña, su actuación tendrá el efecto contrario. Es decir, si la DEA buscó desacreditar al presidente López Obrador al vincularlo sin pruebas con el narco, Piña no podrá detener la reforma judicial que propone el Plan C de la 4T al desacreditar al asesor de Sheinbaum en esta materia.
Al contrario, la intervención de la ministra presidenta pone de manifiesto que la élite del PRI y el PAN, dueños del Poder Judicial, dejó de competir por la Presidencia de la República, y ahora es en el Poder Legislativo donde arrecia el combate para evitar una mayoría constitucional de la 4T este mismo 2024, y detener así el Plan C. A todas luces Marko Cortés, Alito Moreno y Claudio X. González dejan a su suerte a Xóchitl Gálvez, y hacen de Norma Piña la nueva candidata de la oposición, y no abuso de la comparación.
En enero de 2023, cuando se construyó la imagen de Norma Piña como la primera presidenta mujer de la Suprema Corte, se usó un guion que se recicló este año para Xóchitl Gálvez: mujer, valiente, anti-4T, que hace enfurecer al «dictador» López Obrador y que lidera al bloque de contención constitucional de la oposición. Pero cuyo «brillo» se apaga cuando se hace un mínimo examen a su carrera profesional: ex jefes políticos detestables como Humberto Castillejos, consejero jurídico de Peña Nieto, y un equipo y amistades criminales, como Ricardo Márquez Blas, «brazo derecho» de Genaro García Luna en el sistema judicial y desde agosto del año pasado miembro del círculo más cercano de Norma Piña.
Finalmente, si tomamos en serio las acusaciones contra Arturo Zaldívar expuestas por Norma Piña (tráfico de influencias, cochupo, abuso de funciones, atentar contra la independencia judicial), ¿no estamos precisamente ante el diagnóstico que dio origen al Plan C de AMLO, una profunda reforma judicial? Tanto si son ciertas como si resultan falsas las denuncias contra Zaldívar, esto ya es una derrota para el Poder Judicial, pues si un expresidente de la Corte pudo comportarse así en su momento, o si una actual presidenta puede usar su poder para hacer de la justicia una campaña presidencial de la oposición, ¿no vale la pena apostar por cambios en el Poder Judicial, el cual hasta la llegada de Lenia Batres había negado la entrada de la izquierda a la cúpula?
Seamos serios: si van a investigar a exministros de la Corte por su mal desempeño no es con Zaldívar con quien debe empezar Norma Piña, sino con el primero en renunciar en la época moderna, y que dejó el país en medio de señalamientos por corrupción. Hablo, desde luego, del ministro Eduardo Medina Mora, otro más de los buenos amigos de Genaro García Luna.
