(24 de junio, 2014).- Ante las polémicas declaraciones del panista José María Martínez, funcionario jalisciense y presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano en dicho estado, académicos, investigadores y alumnos de 33 instituciones de educación superior protestaron ante el Senado para pedir su destitución.
El pasado 18 de junio, mediante una entrevista con el periodista Carlos Puig, transmitida en Milenio Televisión, Martínez afirmó que las uniones homosexuales “no son una familia” y que el aborto “atenta contra la vida”; “que se unan las personas del mismo sexo no tendría inconveniente, en cuanto a la adopción hay que ver por los derechos del niño, en cuanto a su propia identidad de género”, dijo.
Por este motivo, inconformes a la postura de dicho funcionario, entregaron un documento a la Junta de Coordinación Política, donde manifestaron su rechazo a las acciones legislativas que pretenden revertir los avances a favor del derecho a decidir de las mujeres sobre la interrupción del embarazo, y de las uniones homoparentales.
“Es un insulto a la sociedad, resulta verdaderamente inadmisible revertir los derechos de minorías sociales”, juzgaron.
Por el contrario, los firmantes pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), ITESO, ITAM, ITESM, CIDE, UACM y el Colegio de México, entre otras instituciones, se pronunciaron a favor de seguir con las conquistas que ha alcanzado la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero y transexual.
“Que esta soberanía actúe en consecuencia, sin incitar al odio social y la estigmatización de sectores históricamente excluidos de políticas públicas”, agregaron.
El documento fue entregado por Antonio Medina, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y por Lucía Melgar, investigadora de la UNAM, quienes fueron acompañados por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña.
Debate de derechos
Como lo ha documentado REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO, con información de la reportera Ireri Arriola Pachecho, en estos momentos, en el país ha comenzado una exhaustiva discusión centrada predominantemente en los congresos locales, para frenar el avance del “derecho a decidir” sobre su cuerpo a las mujeres.
De acuerdo a información publicada por Arriola Pacheco, las entidades más rigurosas en la penalización son Guanajuato, Guerrero y Querétaro, hecho que implica que tanto los médicos o personas que realicen la intervención, así como la mujer que se someta a ella, son criminalizados y sancionados por la ley.
En tanto que 29 estados permiten el aborto imprudencial, 28 cuando hay riesgo de vida de la madre, siete cuando hay inseminación no deseada; Yucatán, además, lo permite por razones socioeconómicas, y únicamente en la Ciudad de México existe la libertad plena de práctica sin punición.
“A pesar de la terrible situación de riesgo que implica para las mujeres la práctica clandestina y la persecución de la misma, aun cuando la pobreza y el bajo nivel educativo complejizan la prevención de embarazos no deseados, así como la manutención de los hijos cuando no se tiene la alternativa de la interrupción, los congresos en los que se han introducido iniciativas para despenalizar el aborto han venido siendo frenadas tanto por los legisladores como por los grupos derechistas y la Iglesia Católica.”
