Como resultado de un proceso de diálogo y construcción de consensos entre comunidades, la iniciativa privada y autoridades de los tres órdenes de gobierno, esta semana se formalizaron los acuerdos relacionados con la operación de la mina Los Filos, de la empresa canadiense Equinox Gold, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero.
El acto se consolidó mediante la firma de convenios de ocupación temporal de tierras con las localidades de Mezcala y Xochipala, teniendo al Gobierno Federal como testigo de honor. Sin embargo, este anuncio oficial se da tras un escenario de alta tensión y denuncias de hostigamiento en el ejido vecino de Carrizalillo, cuyos contratos clave vencieron el pasado 31 de marzo de 2025.
Durante el evento protocolario, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que este convenio demuestra que la negociación permite abrir camino a proyectos que impulsen el desarrollo regional. La funcionaria destacó que la reanudación de operaciones traerá beneficios directos para los habitantes de la zona alta de la montaña a través de compromisos en inversión social, salud, protección ambiental, infraestructura, proveeduría local y empleo.
Postura oficial y el camino hacia la justicia social
Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, afirmó que el desarrollo económico no puede desvincularse de la justicia ambiental y social. Bárcena subrayó que este acuerdo marca el inicio de una etapa basada en la confianza y la transparencia, y aseguró que la Semarnat dará un seguimiento puntual para garantizar altos estándares de protección ecológica en beneficio de Carrizalillo, Mezcala y Xochipala.
A pesar del optimismo gubernamental, la situación en el ejido de Carrizalillo refleja la complejidad del conflicto. Desde que la mina comenzó a operar comercialmente en 2007 —inicialmente bajo la firma Goldcorp, pasando por Leagold en 2017 y finalmente adquirida por Equinox Gold en 2020— la actividad extractiva ha absorbido prácticamente el 100 por ciento de las parcelas de siembra y el 95 por ciento de las tierras de uso común.
La operación minera envuelve por completo la vida de la comunidad. La zona urbana de Carrizalillo se localiza a menos de 400 metros del patio de lixiviación y a una distancia de entre 900 metros y 1.5 kilómetros de las zonas de dinamita en los tajos Los Filos y El Bermejal, lo que mantiene a la población en una convivencia directa con la infraestructura pesada, los talleres y los sistemas de fundición.
La transformación del entorno ha significado la pérdida de su estilo de vida campesino y la desaparición de más de 12 fuentes de agua que la población utilizaba. Actualmente, los habitantes padecen la contaminación de los cuerpos de agua remanentes y severas afectaciones a la salud.
Estudios comunitarios realizados entre 2012 y 2014 vincularon el incremento de diversas enfermedades en la población con la exposición al arsénico en el agua y a los metales pesados suspendidos en el polvo que viaja desde la mina. Entre los padecimientos recurrentes reportados por los ejidatarios se encuentran la irritación ocular, enfermedades cutáneas, problemas respiratorios, partos prematuros y malformaciones congénitas.
Disputa por los contratos y denuncias de hostigamiento
La urgencia de las negociaciones radica en que los convenios de ocupación temporal y de cooperación social de Carrizalillo expiraron el 31 de marzo de 2025. Estos acuerdos son indispensables para la operatividad de Equinox Gold, una empresa que a principios de 2025 operaba ocho minas en el continente y que recientemente anunció su fusión con Calibre Mining para expandir su presencia global.
Durante el año anterior, los ejidatarios denunciaron que la multinacional ha recurrido a tácticas coercitivas para imponer una reducción de aproximadamente el 63 por ciento en el precio de la renta de la tierra, una disminución de las prestaciones sociales y una extensión de los contratos a 20 años, rompiendo con los esquemas previos que oscilaban entre uno y seis años. La propuesta de la comunidad, que consistía en equiparar la renta al valor de la producción agrícola potencial de maíz, frijol y semilla de calabaza por hectárea, fue rechazada por la empresa.
El conflicto escaló con agresiones hacia los liderazgos locales. Más de una docena de líderes comunitarios, familiares y un asesor recibieron amenazas de muerte. Asimismo, al menos 14 trabajadores locales de la mina fueron amenazados con despidos injustificados, mientras que otros recibieron notificaciones de terminación de contrato tras haber participado en un paro de 12 horas el pasado 19 de febrero de 2025.
Ante este panorama, el ejido de Carrizalillo solicitó formalmente al presidente de Equinox Gold entablar negociaciones directas y exclusivas con los altos ejecutivos canadienses, pidiendo explícitamente la exclusión de los funcionarios del estado de Guerrero por considerar que su actuación ha favorecido históricamente a la minera. La intervención de las autoridades federales marcó una nueva etapa para el ejido.
El acto protocolario de este jueves contó con la presencia del subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera; el jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, José Fernando Aboitiz Saro; y el subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez.
Por la parte corporativa asistió Darren Hall, presidente ejecutivo de Equinox Gold, mientras que el sector local estuvo representado por la alcaldesa de Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo, el presidente de Bienes Comunales de Xochipala, Fernando Solis, y el presidente de Bienes Comunales de Mezcala, Joel Ramos.
