La Comisión Nacional del Agua (Conagua) sostuvo que las acciones difundidas en torno al paquete de reformas en materia hídrica buscan frenar la desinformación generada por actores que, según la dependencia, “defienden sus propios intereses”. Las propuestas, que modifican la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, establecen que el agua dejará de tratarse como mercancía y se consolidará como un derecho humano bajo responsabilidad del Estado. De acuerdo con Efraín Morales, titular del organismo, este cambio pretende evitar prácticas especulativas, corregir desigualdades históricas y devolver al Gobierno de México la gestión integral del recurso.
Las iniciativas precisan que el Estado será el único facultado para regular y garantizar el uso del agua en el país. Entre los cambios planteados, se contempla impedir la transmisión de títulos de concesión entre particulares, así como eliminar los cambios de uso que, en años recientes, derivaron en que volúmenes autorizados para actividades agrícolas terminaran abasteciendo parques industriales, campos de golf o desarrollos inmobiliarios sin control institucional. La dependencia subrayó que estos abusos generaron desorden y afectaciones en diversas regiones.
Morales explicó que la reforma reconoce los sistemas comunitarios de agua que operan en distintas zonas del país y, al mismo tiempo, robustece la vigilancia mediante un nuevo Registro Nacional del Agua. Añadió que, contrario a versiones difundidas durante manifestaciones recientes, las modificaciones no afectan la herencia ni la compraventa de tierras, ya que los nuevos propietarios obtendrían títulos de concesión sin restricciones que vulneren su derecho.
La reforma también plantea reforzar las sanciones contra el robo de agua y los sistemas ilegales de extracción, impulsar la tecnificación en el campo y promover un monitoreo más eficiente con base en registros públicos y mediciones precisas. Además, incorpora la creación de un fondo de reserva destinado a comunidades indígenas y rurales sin concesiones vigentes, con la finalidad de asegurar su acceso al recurso y priorizar su derecho al abasto seguro.
Como parte del contexto de la política hídrica, Conagua destacó la próxima construcción del acueducto Agua para Colima, una obra de 21 kilómetros con inversión de 1,780 millones de pesos, cuyo objetivo es duplicar el suministro de agua para Colima durante los próximos 30 años, tanto en volumen como en calidad. La gobernadora Indira Vizcaíno afirmó que este proyecto garantizará un servicio más eficiente para la población de la entidad.
Conagua puntualizó que estos ajustes buscan equilibrar el acceso entre grandes usuarios y sectores históricamente marginados, al tiempo que establecen reglas que impidan el acaparamiento o la alteración del ciclo hídrico mediante infraestructura privada no regulada. Según la dependencia, las aclaraciones difundidas responden a la necesidad de evitar interpretaciones manipuladas que pretenden preservar beneficios particulares en detrimento del interés público.
