La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) afirmó que la reforma a la Ley de Aguas impulsada por la presidenta tiene como propósito frenar el uso del agua como mercancía y corregir prácticas que durante años han permitido el acaparamiento, la sobreexplotación y el lucro privado con un recurso fundamental. El organismo subrayó que, contrario a versiones difundidas en redes, la propuesta mantiene a salvo los derechos de los productores y los coloca como principales beneficiarios.
En su explicación, la dependencia puntualizó que diversos señalamientos que circulan en el debate público son “totalmente falsos”. Entre ellos, aclaró que la reforma sí permite heredar terrenos con su respectivo título de concesión y mantiene garantizado que cualquier propiedad pueda venderse junto con sus derechos de agua; de lo contrario —expuso— una parcela perdería su valor productivo.
También negó que la iniciativa busque criminalizar actividades agrícolas, como construir bordos o tomar agua de un río para completar riegos. Indicó que las sanciones contempladas aplican únicamente para casos de abuso, como construcciones irregulares destinadas a retener grandes volúmenes del recurso, citando como ejemplo al exgobernador Duarte, que se mandó a construir una presa para retener 700,000 metros cúbicos de agua perjudicando a las comunidades completas aguas abajo.
La institución recalcó que tampoco es cierto que se penalice el uso de pipas o el traslado de agua dentro de propiedades agrícolas, pues la medida se dirige al combate del robo y la extracción ilegal con fines de venta. En cuanto a los sistemas de captación de lluvia, destacó que no serán regulados ni prohibidos, salvo cuando se trate de estructuras que operen de facto como presas y generen impactos en ríos o ecosistemas, en cuyo caso solo se requerirá un trámite administrativo.
Asimismo, desmintió que la reforma impida rentar parcelas con acceso al agua, una práctica común entre pequeños productores, y reiteró que ningún título de concesión válido será retirado. Aseguró que todos los derechos actuales se mantienen salvaguardados en la iniciativa aprobada en lo general por la Cámara de Diputados.
CONAGUA enfatizó que la reforma establece un modelo de control de concesiones “totalmente transparente” y de cero tolerancia a la corrupción, tanto para funcionarios que otorguen permisos de forma indebida como para quienes busquen obtenerlos mediante pagos o dádivas. De acuerdo con el organismo, este cambio de visión busca garantizar agua suficiente para uso doméstico, fortalecer sistemas comunitarios tradicionales y asegurar que futuras generaciones no enfrenten crisis por desabasto.
Finalmente, pidió a los productores mantenerse informados y no dejarse llevar por narrativas que generan incertidumbre, al señalar que la reforma —ya en su tramo final en Diputados y próxima a continuar su ruta legislativa— está diseñada para proteger su actividad y priorizar el acceso equitativo al recurso hídrico en todo el país.
