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Condenan a pagar más de 62 mdp a ex funcionarios relacionados con la Estafa Maestra

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 62 millones 877 mil 192 pesos como reparación del daño a dos ex funcionarios relacionados con la Estafa Maestra

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 62 millones 877 mil 192 pesos como reparación del daño a favor del Estado Mexicano en contra de dos exfuncionarios responsables del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionados con la Estafa Maestra.

Este caso se refiere a la responsabilidad penal de Ricardo “M” quien se desempeñaba como Director General Adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), así como de José “M”, exrector de la Universidad Intercultural del EDOMEX..

De acuerdo con el comunicado, los responsables suscribieron un convenio en el que se advirtieron irregularidades. Esto, en virtud de que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Esto, debido a que la casa de estudios referida, subcontrató la totalidad de los servicios previamente convenidos con SEDESOL, a un precio inferior, lo que ocasionó un daño a la hacienda pública federal, por la cantidad señalada.

Una resolución en un gran caso de corrupción

Por lo anterior, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias para obtener dicha resolución judicial en contra de los dos responsables, a quienes se les concedieron los sustitutivos legales contenidos en el Código penal Federal, siempre y cuando se garantice o cubra el pago total de la reparación del daño para el Estado al que fueron condenados.

Cabe señalar que el modus operandi detectado en el caso de la Estafa Maestra se centró en que secretarías contrataron universidades públicas para que realizaran algún servicio del que no estaban capacitadas, lo que obligaba a las instituciones a subcontratar a una o varias empresas.

La investigación realizada por Animal Político señala que la triangulación de los recursos por parte de las universidad les permitió cobrar mil millones de pesos como “comisión”, aunque no hayan brindado servicios.

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