Enrique Alvarado / @kikin_agz
(18 de marzo, 2014).- El próximo jueves 20 de marzo, el gobierno de Enrique Peña Nieto deberá comparece ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras llega esa cita, diversas organizaciones civiles instaron al Estado mexicano a implementar las recomendaciones recibidas en la materia, con excepción de las emitidas por el Vaticano, cuando se lleve a cabo la segunda ronda del Examen Periódico Universal (EPU).
Mediante cartas remitidas a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, así como al subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Gómez Robledo, las organizaciones no gubernamentales exigieron al gobierno mexicano a adoptar las medidas, con excepción de dos, que de acuerdo con ellos, “son contrarias a los estándares de protección de los derechos humanos”.
Las recomendaciones que las organizaciones civiles pidieron no aceptar, son la 48 y la 114, envidadas por el Vaticano, donde se pide “respetar y defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural, según las enmiendas de las constituciones estatales, y promover una protección equivalente a nivel federal y local”, y “preservar y proteger la institución natural de la familia y el matrimonio como la unión conyugal entre un hombre y una mujer basada en el libre consentimiento”, respectivamente.
Entre las organizaciones que rubricaron las misivas, sobresalen Amnistía Internacional, el Centro Prodh y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DH, quienes contradijeron las versiones del Estado mexicano, respecto a que la justicia militar no interfiere en los casos de violaciones de derechos humanos perpetradas por elementos de las fuerzas armadas.
Como ejemplo, mencionaron el caso de Jorge Parral Rabadán, quien presuntamente fue asesinado extrajudicialmente en 2010 por miembros del Ejército en Nuevo León, donde la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) se negó a declinar competencia a favor del Ministerio Público federal, y fue hasta octubre de 2013 que la Procuraduría militar declinó competencia, gracias a la intervención del Juzgado Octavo en Materia Penal del Distrito Federal.
De igual forma incluyeron las desapariciones forzadas en Nuevo León por parte militares en julio y agosto pasados, casos donde el Ministerio Público federal desechó investigarlos declarándose incompetente.
El gobierno mexicano comparecerá nuevamente ante el CDH en Ginebra, Suiza, sólo que ahora lo hará para fijar su postura en torno a las 176 recomendaciones recibidas en octubre del año pasado, a través del EPU.
El EPU es el mecanismo utilizado por Naciones Unidas para evaluar y vigilar de forma constante el trabajo realizado por los 192 Estados integrantes de la ONU, respecto a los Derechos Humanos, al cual México fue sometido el 23 de octubre del año pasado.
En aquella ocasión, las recomendaciones que México recibió se referían a la protección de los derechos humanos, así como a la eliminación de la figura del arraigo y el fuero militar en los casos que involucraran violaciones a los derechos humanos por parte de los miembros de ejército, y de igual forma el acceso de las mujeres a los sistemas de justicia.
Durante esa misma ronda, las naciones que integran el CDH de la ONU se mostraron preocupadas por la situación mexicana en el rubro, de la cual se derivaron las 176 recomendaciones emitidas.
Cuando se realice la 25 Sesión de Trabajo del Consejo, la comisión mexicana liderada por Juan Gómez Robledo, subsecretario de Relaciones Exteriores, se comunicará sobre las recomendaciones aceptadas, y se indicarán las que desde su perspectiva no son posibles.
