El tema de seguridad nuevamente enfrentó a las fuerzas políticas en San Lázaro. PAN, PRD, MC y Morena rompieron el quórum en la Cámara de Diputados para no votar un dictamen a través del cual el PRI y sus aliados buscan que “se haga una consulta popular para que sean los ciudadanos los que elijan si quieren mando único o mando mixto policial”.
Morena ha pugnado por la consulta popular. Por eso se planteó la realización de una de ellas en materia de Reforma Energética, avalada por la firma de millones de ciudadanos, verificada por el entonces Instituto Federal Electoral.
Con base en ese principio, Morena ha presentado iniciativas en ese pleno sobre revocación de mandato; sobre modificar los candados institucionales establecidos al Artículo 35. También para que las consultas ocurran no necesariamente en medio de los procesos electorales, y finalmente, al plantear la realización de la consulta popular para la aprobación de tratados internacionales en materia energética y soberanía alimentaria, presentada este mismo año.
Es preciso cumplir el Artículo 35 constitucional, de donde se desprende la Ley Federal de Consulta Popular, un ordenamiento que debemos respetar con objetividad y honestidad, sin manipulaciones ni argumentaciones retóricas que tergiversen el sentido de la consulta a la ciudadanía.
El principal argumento esbozado en la discusión de este dictamen en la Comisión de Gobernación, fue que tanto los diputados de Morena como otros legisladores, han peleado por la consulta popular y ahora estamos en contra de ésta. Falacia pura, falacia absoluta.
Discrepamos con la pregunta que plantean sobre el tema toral, que puede modificar la forma de Gobierno, el modelo de seguridad nacional, como aquí ya se planteó, y la soberanía de los estados de la nación.
Estamos comprometidos para que la gente se involucre en las decisiones políticas del Gobierno; es lo que más queremos. Pero que sea a partir de la demanda construida por la propia ciudadanía, no con consultas que esconden detrás la justificación de leyes de seguridad interior o imposiciones como el mando único policial.
La pugna pone en riesgo el nombramiento del nuevo Auditor Superior de la Federación, la entrega de la medalla Eduardo Neri y hasta la posible recepción de la Ley de Seguridad Interior.
En la sesión de este martes, se debatió un dictamen para que, en las elecciones de 2018, los ciudadanos respondan si están de acuerdo “en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de mil 800 policías municipales que, de acuerdo con distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas”.
La pregunta fue elaborada por legisladores del PRI y del PVEM, fuerzas que aplicaron su mayoría en la Comisión de Gobernación para que el dictamen llegara al Pleno. La oposición argumentó que la pregunta es tendenciosa, le quiere tomar el pelo a los ciudadanos y además es ilegal debido a que las preguntas en materia de seguridad nacional no proceden para la consulta popular.
Pero los priistas se empeñaron en sacar el tema al advertir que, en todo caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la última palabra sobre la procedencia del tema. Cuando llegó el momento de la votación salieron del Salón de Sesiones los diputados del PAN, PRD, MC y Morena.
Al romperse el quórum se cerró la sesión y el presidente de la Cámara, Jorge Carlos Ramírez Marín, citó para este jueves. El priista advirtió que la sesión de mañana iniciará con esta votación.
De no llegar al quórum, se pone en riesgo el nombramiento del Auditor Superior de la Federación, la entrega de la medalla Eduardo Neri, la instalación de la Comisión Permanente y, en dado caso, los cambios que se hicieron en el Senado de la Ley de Seguridad Interior.
