(11 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Diputados de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) criticaron que legisladores del PRD y PAN asuman una actitud protectora y blinden a Hiram Almeida, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, lo que impide que comparezca ante el órgano legislativo y explique las numerosas dudas surgidas con la puesta en marcha del Reglamento de Tránsito, así como el acuerdo firmado con la empresa Autotraffic, a través del que se le otorga 47% del total del pago de multas fincadas a los automovilistas.
En semanas pasadas, los asambleístas de Morena presentaron un punto de acuerdo a través del que se solicitó la presencia del funcionario que forma parte del gabinete de Miguel Ángel Mancera, pero la mayoría de la comisión dictaminadora y del pleno de la Asamblea –encabezada por perredistas y panistas- diluyeron la petición y únicamente aprobaron solicitar información a la SSP y a otras dependencias sobre el tema.
Sin embargo, a casi tres semanas del exhorto, ni Almeida ni ningún otro funcionario capitalino, han enviado a la ALDF documento alguno.
Los asambleístas Felipe de la Cruz, Darío Carrasco, Olivia Gómez y Néstor Núñez, calificaron de bochornosa la actitud proteccionista de la alianza entre amarillos y azules, pero advirtieron que insistirán en la rendición de cuentas sobre las características del contrato a través del que se concesionó una obligación pública a un particular.
En congruencia con esta posición, el diputado Felipe de la Cruz presentó otro punto de acuerdo con el que buscan que se realice un “extrañamiento” a las omisiones de Almeida y le exigen una respuesta inmediata con carácter de urgente; sin embargo, aunque se planteó como una propuesta de urgente resolución, la mayoría no lo consideró así.
“Mientras aquí esos partidos obstaculizan la defensa de millones de capitalinos, el número de multas sigue creciendo y generando un malestar social que pretenden detener con anuncios de condonaciones de hasta 80% en el pago de las multas”, reiteró el legislador.
De la Cruz criticó que, “en el colmo de la opacidad”, la administración de Mancera haya decidido reservar –por siete años- la información del contrato, lo que consideró “una maniobra descarada para protegerse”, lo que “nos obliga aún más a demandar transparencia en las fotomultas y a insistir en la comparecencia de Almeida” y en el combate a las excesivas multas, la violación a las garantías constitucionales y contra el “jugoso” contrato para imponer infracciones a través de las fotomultas.
Además de a la SSP, la Asamblea solicitó información a la Secretaría de Finanzas, a la de Movilidad, a la Contraloría General del Distrito Federal, a la Auditoría Superior de la Ciudad de México y al Consejo Ciudadano, sin que ninguna haya dado respuesta a la petición.
Ineficacia judicial…
De manera paralela, la asambleísta Ana María Rodríguez Ruiz, también de Morena, denunció que a cientos de ciudadanos que acudieron hoy a ratificar su solicitud de amparo colectivo contra el Reglamento de Tránsito de Mancera, les fue negado este derecho bajo el argumento de que no aparecían en la base de datos de más de 22 mil firmantes.
Desde temprano, los automovilistas de la Ciudad de México formaron una larga fila frente a la oficina del Juez de Distrito, en materia administrativa, del Poder Judicial de la Federación pero no fueron atendidos, lo que generó que por algunos minutos, los inconformes cerraran la circulación de Periférico.
La legisladora acusó a los funcionarios de indiferencia y falta de sensibilidad en la atención brindada a los capitalinos -que se quedaron con documentos en mano fuera de las instalaciones- y argumentó que se trata de medidas dilatorias para evitar que la justicia sea expedita y eficaz.
“Nuevamente equivocan el camino, el poder los entorpece y los hace cometer errores, simplemente por desconocer los protocolos de actuación frente a ciudadanos que reclaman sus derechos”, sostuvo la legisladora.
De vuelta en la ALDF, por mayoría se aprobó un exhorto a los jefes delegacionales para que implementen un “mecanismo eficaz y oportuno” en el pago por daño patrimonial o gastos médicos a particulares que sufran daños por el mal estado de vialidades secundarias, incluida la carpeta asfáltica y banquetas, pues de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, a ellos les corresponde construir, rehabilitar y mantener este tipo de vías, además de las guarniciones.
La Agencia de Gestión Urbana ha detectado más de 90 mil baches en vialidades primarias, secundarias y terciarias de la Ciudad de México, lo que ha generado aproximadamente 120 mil solicitudes por bacheo, reencarpetado y atención a banquetas en mal estado y el padrón de automóviles que circulan por ellas es de 4 millones 500 mil, según cifras del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI).
