Desde el comienzo de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, como jefa de gobierno capitalino, dependencias del Gobierno han presentado 126 denuncias ante la Secretaría de la Contraloría General por presuntos actos de corrupción durante la gestión de Miguel Ángel Mancera.
A partir del 5 de diciembre pasado a la fecha, 15 órganos internos de control presentaron sus denuncias relacionadas con presuntos actos de soborno, desvío de recursos, abuso de funciones, colusión, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y nepotismo.
Las denuncias son investigadas, por lo que se analiza la información y las pruebas para determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones y señalar la falta administrativa como grave o no grave.
De acuerdo con información de La Jornada, la Secretaría de Movilidad (Semovi) es la dependencia que suma más denuncias, con 51; seguida de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con 48, y la Secretaría de Administración y Finanzas con nueve.
Además de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales interpusieron tres denuncias cada una; mientras el Instituto de Verificación Administrativa y la Contraloría General presentaron dos denuncias.
Las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Obras y Servicios, de Desarrollo Económico, de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Cultura; y las dependencias Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros, y el Instituto del Deporte presentaron una denuncia cada una.
Asimismo la Secretaría de la Contraloría General también recibió cuatro denuncias de los órganos de control interno de las alcaldías. En Álvaro Obregón, a cargo de Layda Sansores; y Azcapotzalco, donde gobierna Vidal Llerenas, presentaron dos denuncias cada una por presuntos actos irregulares.
Cabe recordar que la Secretaría de la Contraloría General ya ha aplicado sanciones a ex servidores públicos durante este año, entre ellos el ex delegado de Tlalpan, Héctor Hugo Hernández, quien fue inhabilitado un año por la declaración de validez de un registro de construcción que no cumplía con los requisitos necesarios.
El caso más reciente fue el de la inhabilitación por 10 años del ex coordinador general de la Central de Abasto, Julio Serna, por irregularidades en su gestión.
