En medio de los resultados presentados en materia de seguridad y aseguramientos, durante la conferencia presidencial surgieron cuestionamientos sobre el avance de las investigaciones contra el lavado de dinero, particularmente ante el poder financiero que mantienen grupos criminales mediante empresas fachada y esquemas de facturación irregular detectados en distintas entidades del país.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el combate a estas operaciones financieras es una de las líneas prioritarias de su administración, con el objetivo de frenar los recursos que fortalecen tanto a la delincuencia organizada como a redes de evasión fiscal.
Explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene investigaciones activas, especialmente en torno a empresas que simulan operaciones fiscales. Estas acciones forman parte de un plan más amplio que también busca incrementar la recaudación mediante el combate a prácticas ilegales.
Para ello, se integró un grupo interinstitucional en el que participan el Servicio de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Fiscal de la Federación, instancias encargadas de investigar, judicializar y sancionar estos esquemas financieros ilícitos.
La mandataria subrayó que, si bien algunas de estas estructuras están vinculadas directamente con organizaciones criminales, otras corresponden a delitos de carácter fiscal cometidos mediante mecanismos empresariales simulados, los cuales también representan un daño significativo a la hacienda pública.
Estas acciones, dijo, forman parte de la estrategia integral de seguridad, que no solo busca detenciones, sino debilitar las capacidades económicas de las redes delictivas mediante el seguimiento de sus fuentes de financiamiento.
