Por Adriana Morán
@AdrianaMoran3_0
Sergio Raúl Arroyo, nuevo titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y quien ya había dirigido a la misma de diciembre de 2000 a abril de 2005 en el sexenio foxista, tiene retos por subsanar en lo que se ha convertido una queja constante, no sólo de los trabajadores del Instituto sino de grupos de personas que se han unido para defender, sobre todo, el artículo 2 de la Ley Federal sobre monumentos y zonas Arqueológicas, artísticos e históricos.
Buscar la aplicación del capítulo de las sanciones que podrían quedar sin efecto, al menos en el caso de Wal-Mart porque el INAH en 2004 autorizó la construcción de una tienda Aurrerá en Teotihuacán y después, como lo mostraron investigadores del mismo (con todo y fotos), se reveló que el Instituto había realizado una investigación tardía, cuando ya se había instalado el piso de la tienda.
El caso, denunciado por pobladores del lugar, investigadores y defensores del patrimonio nacional insistieron, bajo distintas razones, la inviabilidad del proyecto en 2004 sin que fueran escuchados y sólo hasta 2013, después de la publicación de un artículo del New York Times se reavivó el caso, la nota era acerca del desembolso de Wal-Mart por más de 200 mil dólares entre 2003 y 2004 para construir la tienda en las inmediaciones de Teotihuacán para sobornar a autoridades de todo tipo y lograr su cometido.
Así, el Sindicato de Investigadores y Académicos del INAH ha aprovechado para solicitarle ahora a Arroyo que se “deslinde del caso, exigiéndole a la empresa Wal-Mart que proporcione los nombres y las circunstancias que dieron lugar a la petición de grandes cantidades de dinero para ‘donaciones y regalos personales’ por funcionarios del INAH para liberar el predio en cuestión” y aclare los presuntos sobornos de Wal-Mart entre esos años en los que él era director del Instituto.
Hasta ahora se ha documentado que el INAH siguió otorgando permisos a Wal-Mart para construir tiendas comerciales en las cercanías de complejos prehispánicos en Amecameca, Edomex; Cholula, Puebla; Filobobos, Veracruz; entre otros. Lo que muestra, por ejemplo, el último caso es que el Instituto nunca refirió que, si encontraba algún vestigio prehispánico, pararía la edificación sino sólo que emitiría “autorizaciones en forma parcial, a efecto de no retrasar el programa de construcción”, eso en 2006, ahora la tienda es una realidad en la comunidad de Xico. Pero en abril 2011 La Jornada documentó que en los trabajos se habían encontrado restos de cerámica y montículos que mostraban rastros de antiguas casas.
Pero el trasfondo de las irregularidades u omisiones en las que ha incurrido el INAH son más graves, primero hay que decir que se enfrenta a la enorme tarea de crear un mapa de probables lugares donde hubo asentamientos prehispánicos y pueden existir vestigios, lo que resulta una tarea titánica pero que es su responsabilidad y delimitar muy bien los rangos o áreas en las que por ningún motivo debe construirse y menos si en ese radio hay zonas arqueológicas, además de revisar muy a fondo cuando a cualquier empresa o personas quieran construir en esas zonas y no hacer investigaciones de campo tardías cuando ya se ha afectado al patrimonio.
El segundo reto del INAH es vigilar los monumentos y zonas arqueológicas con valor artístico e histórico y evitar que en nombre del turismo o la economía se vulneren los mismos, sólo hay que recordar los conciertos masivos en la zona maya que han requerido trabajos de instalación que afectan los monumentos o los que han hecho mella en la Casa de Torno (que formaba parte de los mesones del siglo XVIII que hospedaban a mercaderes), ubicada en el Barrio del Artista, Puebla, por la construcción de un teleférico (a cargo de la Secretaría de Infraestructura local) y que fue detenida el martes pasado por el INAH, gracias a las gestiones de grupos civiles y académicos. De ese caso, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, aceptó que el Gobierno no “había otorgado los permisos para tal construcción pero sí licencias para trabajos preliminares”.
La tercera es que el presupuesto destinado al INAH debe servir a los fines que competen al mismo como la investigación, el cuidado del patrimonio y no sólo la búsqueda de la explotación de las zonas arqueológicas en pro del turismo pero que van en detrimento del cuidado de las mismas. Eso incluye a los museos que dependen del Instituto y lugares que éste está obligado a preservar y salvaguardar. La idea del “Turismo cultural” no es negativa, pero la realidad es que éste ha quedado a la disposición del mejor postor, y se refleja en los precios de algunas visitas que ofrece por lo que muy poca población podría acceder a ellos.
El Instituto se ayuda de los pagos que los visitantes realizan a zonas arqueológicas, museos y monumentos históricos, que se mantendrán este año, así, los precios que se dividen por zonas, van de los $34.54 a los $57.16 y después de horario normal de operación suben a $190.55. También hay que recordar que el presupuesto para la cultura este año bajó en 1.3%, así, se otorgaron 16 mil 434.92 millones (228.28 millones de pesos menos que el año pasado), de los cuales se destinarán al INAH de tres mil 389.60 millones de pesos, un aumento del 0.06%, comparado con el año pasado, los cuales deben ser rigurosamente vigilados.
La cuarta es que parte de los recursos se destinen también para la vigilancia férrea contra los saqueadores de zonas arqueológicas y delimitar las funciones y responsabilidades de los burócratas que trabajan en la institución y no sólo solucionarlos con denuncias sino con la aplicación de la ley. En un artículo de Gustavo A. Ramírez Castilla, director de la Red Mexicana de Arqueología, se desarrollan una serie de puntos que deben ponerse a discusión en cuanto a los manejos económicos, materiales, legales y de personal que son urgentes para la correcta gestión de Arroyo y que podrían no realizarse si antes él no da puntual respuesta y corrección a los problemas internos y externos en los que ha incurrido en INAH.
