Ante un estado fallido y una cleptocracia como forma de gobierno, en la que impera la impunidad ante la comisión de delitos de todo tipo, particularmente de cuello blanco, no es raro que la corrupción cueste al país la extraordinaria cifra de 740 mil millones de pesos anuales, es decir, el equivalente a cuatro puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) de México, de acuerdo con los datos del presidente del Grupo Corporación Azteca (Coraza), Julio A. Millán Bojalil. Con él coincidió Eswar Prassad, de la Brookings Institution de Estados Unidos, quien sostuvo que combatir la corrupción es fundamental no sólo en los países emergentes.
Durante el segundo día de trabajos del foro México Cumbre de Negocios, celebrado en Guadalajara, Jalisco, destacó el enorme y complejo problema que representa para México la corrupción en los diversos niveles de gobierno y que su expansión se fundamente en los altos niveles de impunidad que la protegen. En ese sentido, Millán Bojalil destacó la necesidad de que el próximo año el gasto público sea ejecutado de manera eficiente, sobre la base de una contraloría social que vigile el uso de los recursos. Resaltó que es de gran trascendencia que el gobierno informe cómo se ejerce el dinero que aportan los contribuyentes para evitar la corrupción.
Millán Bojalil sostuvo que para hacer frente a un entorno complejo como el que se avecina en el plano financiero y económico internacional, México requiere una “segunda oleada” de reformas, en la que se incluyan cambios a la educación, ahora en el terreno de los contenidos para los estudiantes, un aspecto que fue totalmente abandonado en la denominada “reforma educativa”, que no es sino una reforma de carácter laboral para restarle poder al magisterio nacional. Señaló también la necesidad de impulsar la innovación en ciencia y tecnología y que ésta se vuelva una política de Estado. Añadió que reformas adicionales son necesarias en el sistema de salud, así como en el campo y la alimentación y los sistemas de pensiones.
A su vez Esward Prassad llamó la atención sobre la correcta asignación de los recursos para que la economía sea más estable. Explicó que combatir la corrupción no sólo permite que la asignación de recursos sean más eficientes, sino que también permite que se puedan aplicar correctamente las reformas porque evita que “mucho vaya para las elites políticas y no para las masas”. Eso es precisamente lo que ha pasado con las reformas del peñanietismo, fueron diseñadas para favorecer a las elites económicas ligadas a la clase política en el poder, por lo que los presuntos beneficios con los que fueron vendidas a la opinión pública no se concretarán este sexenio, ni el siguiente, ni el siguiente.
Y para corroborarlo sólo se tendría que revisar a quién beneficia la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, o la reforma educativa, por sólo mencionar tres.
Dora Iakova, jefa de la misión en México del Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó también la importancia de realizar una “auténtica reforma educativa”, en México para impulsar su desarrollo. Otra falla, dijo, es el poco aprovechamiento de las mujeres en el mercado laboral y en posiciones de mayor responsabilidad en el entramado empresarial y político.
Para Manuel Herrera, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de Comercio (Concamin), uno de los mayores pendientes que tiene el país es el cumplimiento de las leyes y del estado de derecho. La impunidad es el gran “Talón de Aquiles” del sistema de administración y procuración de justicia del país.
CORRUPCIÓN EN OHL
OHL México se vuelve a colocar en la superficie del fango de la corrupción en el país. Ahora, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores responsabilizó a funcionaros de esa empresa de haber incurrido en inadecuados principios de contabilidad sobre la rentabilidad de sus subsidiarias, y de emitir presunta información indebida al mercado sobre los niveles de tráfico de las autopistas concesionadas.
La CNBV detalló tres presuntos incumplimientos de OHL México, que fueron rechazados por la empresa. En primer lugar, está la “inadecuada aplicación de principios de contabilidad reconocidos por la CNBV, incluyendo ciertos registros relacionados con las concesiones con rentabilidad garantizada de sus subsidiarias”; el segundo es que directivos de OHL incurrieron en emitir “presunta indebida información al mercado acerca de las diferencias entre los niveles de tráfico actuales en sus concesiones y las proyecciones de los mismos”; y de ser presuntos responsables de “un aducido incumplimiento a la Ley del Mercado de Valores en el procedimiento de autorización de operaciones con partes relacionadas”.
El 23 de octubre pasado, iniciaron los procesos sancionadores de la CNBV contra OHL México, como resultado de una investigación iniciada en mayo sobre el cumplimiento de la normatividad del mercado de valores mexicano a raíz de un escándalo por presunta corrupción en contratos con gobiernos estatales de México.
Después de que se dieran a conocer, a mediados de este año, grabaciones de llamadas telefónicas que presuntamente apuntarían a una trama de irregularidades entre ejecutivos de la empresa y funcionarios mexicanos, OHL México ha estado bajo la lupa.
