México está entre los países más corruptos del mundo. Dentro del grupo de 34 naciones que forman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene la peor calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, que es elaborada por Transparencia Internacional para medir las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en el sector público en más de 170 países.
De los 34 países que forman la OCDE, México tiene la peor calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014. Desde 1995, Transparencia Internacional publica este índice, el cual se compone de una combinación de encuestas y evaluaciones sobre corrupción que realizan 11 instituciones, entre ellas el Banco Mundial.
A nivel general, México se ubicó en el lugar 103 de 175 países evaluados en 2014, con una puntuación reprobada: 35 puntos de 100, en donde cero representa el máximo nivel de corrupción y 100 el menor. En América Latina, México está por debajo de sus principales socios y competidores económicos. Se ubica 82 posiciones debajo de Chile y 34 de Brasil.
El fenómeno de la corrupción también ha impactado negativamente sobre el crecimiento económico del país y de algunas entidades federativas. La pérdida de productividad que generan algunas actividades vinculadas con la corrupción merman al Producto Interno Bruto en 2 por ciento. Si la economía mexicana creció 2.1% el año anterior, sin este fenómeno de corrupción el potencial que se pudo tener era de 4.1 por ciento.
Los problemas de corrupción en el país ahuyentaron alrededor de 1,100 millones de dólares por inversión extranjera directa el año pasado, estimó la directora general del Observatorio México ¿Cómo vamos?, Viridiana Ríos. La corrupción ha generado mayor volatilidad y un mayor riesgo en la inversión en México, indicó Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La percepción sobre la corrupción crece año con año en México, lo que se aprecia en todas las transacciones que realizan de manera cotidiana los ciudadanos, al pagar por servicios como la basura que debían ser gratuitos; los litros incompletos de gasolina; la asignación por herencia de una plaza docente; el pago de comisión por canalizar recursos a un municipio o la asignación de un proyecto de infraestructura sin licitación.
Los elevados niveles de corrupción se reflejan en el hecho de que todos los empresarios recurren a las “mordidas” para seguir operando sus negocios. En el Distrito Federal, según José Luis Beato, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la capital de la República, todos los empresarios han recurrido a las “mordidas”.
Los empresarios se ven obligados a pagar más sobornos durante la tramitación de permisos para la construcción, por lo que se requiere un sistema de penalización más amplio para ejercer las leyes, sobre todo la Ley Anticorrupción aprobada recientemente. Los dirigentes empresariales han señalado que para combatir la corrupción, las autoridades locales y empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deben mejorar la vigilancia y el castigo a quienes cometen esos ilícitos.
A su vez, el director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Enrique Cervantes, consideró que si la corrupción continúa a los niveles que hoy se observa, el país no tiene futuro, ya que está en entredicho el funcionamiento del Estado de Derecho y el desarrollo de la economía.
Sumamente grave es el hecho de que el 97 por ciento de los delitos de corrupción queden en la impunidad, advirtió María Amparo Casar, profesora y académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
A pesar de que se impulsan reformas específicas anticorrupción, los grandes esquemas de corrupción que involucran a individuos del más alto nivel del poder y la falta de sanciones a los corruptos continúan prevaleciendo en México y América Latina.
En México, durante la discusión de la reforma anticorrupción, legisladores de oposición lamentaron que el nuevo marco legal no va a servir para combatir casos como la “Casa blanca” y los “moches” en la asignación de recursos para obra pública. En el primer caso, el presidente Enrique Peña Nieto no puede ser sancionado debido a que conserva inmunidad constitucional. Destacaron que ni la legislación actual ni el nuevo entramado institucional que se creará con la reforma, sirven para castigar el conflicto de interés que significa la adquisición de la “casa blanca”.
El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción aprobado la semana pasada es muy limitado. Legisladores de oposición consideraron que será insuficiente para atacar los abusos, excesos y desvíos de recursos públicos cometidos por funcionarios de los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de Gobierno.
Cabe destacar que las bancadas del PRI y del PVEM impidieron que se modificara el Artículo 108 de la Constitución para retirar la inmunidad al titular del Ejecutivo, con la finalidad de que pueda ser procesado por actos de corrupción. Tampoco aceptaron eliminar el fuero de altos funcionarios, por lo que, para poder llevar ante la justicia a gobernadores, alcaldes y legisladores, primero será necesario desaforarlos.
Los legisladores federales se negaron a incorporar la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos. La reforma se quedó corta frente al fenómeno de impunidad y corrupción que ha dejado pérdidas en el país por 86 mil millones de dólares en los últimos 10 años.
“Sólo un cambio de tajo en la estrategia anticorrupción permitirá que México abandone la posición de estancamiento en la que se ha mantenido por casi una década”, advirtió Transparencia Mexicana, el capítulo en México de la organización Transparencia Internacional.
El Sistema Nacional anticorrupción debe ser realmente de carácter nacional y no sólo federal, es decir que abarque a estados y municipios, donde la corrupción es rampante y el crimen organizado infiltra a la policía y controla a los alcaldes.
La desaparición de 43 estudiantes en septiembre a manos de la policía de la ciudad de Iguala, quienes los entregaron a sicarios de un cártel del narcotráfico con el cual operaban, puso de relieve el nivel de corrupción a nivel municipal que existe en México. Evidenció que la corrupción permite a las bandas criminales cooptar las instituciones públicas.
INSEGURO
México es un país inseguro, a pesar de la propaganda oficial que señala que las denuncias por homicidios dolosos disminuyeron 27%; los secuestros, dicen, 24%; los delitos del fuero común, 13.5%; además, presumen, se han detenido o abatido a 93 de los 122 criminales más peligrosos. Sin embargo, la realidad es que el crimen organizado amenaza la seguridad de los ciudadanos en amplias zonas del territorio nacional.
Incluso, los Estados Unidos han alertado a sus connacionales a extremar precauciones o evitar visitar 21 entidades.
Sólo los estados de Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, no ameritaron una advertencia del gobierno de Estados Unidos.
Al arrancar esta semana, destaca la alerta que emitió la embajada estadounidense a sus ciudadanos para no acudir al Estado de México, si no es estrictamente necesario. Las autoridades estadounidenses actualizaron la alerta de viaje para quienes visitan México, donde enlista las entidades de riesgo, entre ellas el Estado de México, que gobierna Eruviel Ávila.
Pidieron aplazar los viajes no esenciales a los municipios de Coacalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz, Valle de Chalco, Solidaridad, Chalco e Ixtapaluca. “Tengan precaución en el Estado de México. Muchas áreas del estado tienen niveles de delincuencia y la inseguridad, los grupos delictivos organizados han ampliado sus actividades a partir de los estados de Guerrero y Michoacán, y también hay altos niveles de delincuencia callejera”, dice su alerta.
Gran parte de la responsabilidad por la inseguridad que prevalece en el país es del gobierno federal. Comprobado está que los episodios de violencia se detonaron desde que Felipe Calderón decidió que el Ejército y la Armada salieran a confrontar a la delincuencia organizada. Los operativos incrementaron la tasa de homicidios.
El gobierno de Enrique Peña Nieto mantiene la misma estrategia y cosecha los mismos resultados. Las fuerzas armadas mantienen en las calles “operaciones de alto impacto”.
La mayor parte de la violencia se ha escenificado en el noreste (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila), pero también en el norte (Chihuahua y Durango), el noreste (Baja California y Sinaloa), el centro (Michoacán, Guanajuato y Zacatecas), el suroccidente (Guerrero) y el este (Veracruz). La intervención de los militares está asociada al aumento de muertes violentas.
La disminución de la violencia en territorio nacional pasa por el retiro de las militares de actividades policíacas en las calles.
