Al desechar las controversias promovidas por ocho mandatarios estatales de oposición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este lunes el decreto emitido el 6 de noviembre de 2020 mediante el cual se extinguieron 109 fideicomisos y fondos públicos, entre ellos el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo Metropolitano, al determinar que la medida no vulneró las facultades de los estados.
La eliminación de estos instrumentos financieros fue impulsada durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y permitió a la Federación concentrar recursos por más de 68 mil millones de pesos, con el argumento de optimizar su uso y control.
De manera unánime, el Pleno aprobó ocho proyectos elaborados por el ministro Arístides Guerrero García, en los que se declararon infundadas las controversias constitucionales presentadas por los entonces gobernadores de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán. La Corte concluyó que el decreto no transgredió el pacto federal ni la autonomía financiera de las entidades.
Durante la discusión, el ministro ponente sostuvo que los reclamos de los estados se basaron en consideraciones generales sobre las supuestas ventajas de los fideicomisos, sin demostrar una afectación directa a atribuciones reconocidas en la Constitución. Precisó que no se acreditó la invasión de competencias estatales.
Aunque el máximo tribunal no analizó la constitucionalidad individual de cada fideicomiso, sí resolvió que el Congreso modificó los mecanismos de coordinación financiera entre la Federación y los estados, sin menoscabo de sus facultades constitucionales.
Guerrero García también reprochó que las controversias permanecieran sin resolución durante más de cuatro años, pese a que su trámite comenzó en 2021, al considerar que el retraso fue una actuación irresponsable del Pleno anterior.
En el debate, la ministra Lenia Batres Guadarrama afirmó que los fideicomisos propiciaron un manejo discrecional y opaco de recursos públicos, en posible contravención del artículo 134 constitucional. Añadió que la Auditoría Superior de la Federación documentó deficiencias graves, como falta de rendición de cuentas, confidencialidad excesiva, ineficiencia, irregularidades y una distribución inequitativa de los recursos, lo que, dijo, respaldó la validez del decreto que ordenó su extinción.
