(12 de diciembre, 2015).- Tres amparos fueron otorgados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los ejidos La Cañada, Ocampo y Progreso, del municipio de Atotonilco de Tula, a través de éstos se ordenó la suspensión definitiva de la construcción de un tramo del gasoducto ramal Tula para abastecer combustible a la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según dio a conocer Federico Vera Copca, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El funcionario explicó que los amparos fueron otorgados, después que se confirmara que las autoridades de esos núcleos agrarios en ningún momento autorizaron a la empresa Atco Pipe Lines SA de CV hacer el trazo de la obra en sus terrenos.
También mencionó que “al parecer los representantes de Atco sólo hablaron con los representantes del primer ejido, pero no con los demás”. Planteó que la única alternativa que tienen los constructores es buscar acuerdos con los campesinos para que den su autorización pues, insistió, los amparos son de carácter definitivo y las obras están suspendidas desde febrero pasado.
Dio a conocer que “el proyecto es un tramo de 17.5 kilómetros que atraviesa varios ejidos. La obra costará 66 millones de dólares”. Desde el 2 de marzo de 2015 la Agencia para Hidrocarburos funge de autoridad, precisó el funcionario. “El asunto es que los campesinos promovieron amparos donde la Semarnat se le pone como autoridad responsable, a lo que se está contestando que no lo es”.
También mencionó que existen otros siete juicios de amparo en proceso promovidos por ejidatarios de forma individual de esos mismos ejidos y el de Zacamulpa. La problemática data del 13 de febrero pasado, cuando el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, y el director de la CFE, Enrique Ochoa Reza, así como Nancy Southern, representante de la empresa Atco, dieron el banderazo del inicio de la construcción del ramal Tula del gasoducto de 76 centímetros de diámetro.
Según el proyecto de la empresa, el objetivo es surtir gas natural a la termoeléctrica para reducir en 30 % las emisiones de dióxido de carbono. La capacidad de este ramal está calculada en 505 millones de pies cúbicos diarios.
Para ello el plan era que el ramal se conectara al sistema Zempoala-Santa Ana, de Petróleos Mexicanos, para conducir el gas tanto a la central de ciclo combinado Tula, de 489 megavatios y la central de generación Francisco Pérez Ríos, de mil 606 megavatios de capacidad instalada de la CFE.
De llevarse a cabo ese proyecto se estaría hablando de la afectación de más de 130 comunidades de Puebla, Hidalgo y Veracruz. De acuerdo con Octavio Rosas Landa, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la tubería de 36 pulgadas de diámetro, atravesaría tres municipios veracruzanos, siete poblanos y 13 hidalguenses en los que hay más de 130 centros de población de diversos tamaños.
Rosas Landa advirtió que el trazo de 263 kilómetros de longitud está proyectado en la zona fronteriza de los tres estados de manera “deliberada” para “evadir la responsabilidad a nivel local”, sobre todo cuando se genera resistencia social: “unas y otras autoridades se echan la bolita y ninguna responde a la inconformidad”.
