Héctor Solano Chavarría / ElPaís.cr
El neoliberalismo fracasó en Costa Rica pero neoliberales apuntan a regresar en 2018. Poderes fácticos apuestan a socavar expectativas de cambio persistentes entre la población. Elecciones-2016 serán espacio para medir fuerzas.
El comienzo del 2015 ha permitido dimensionar el talante de las fuerzas políticas y económicas que se resisten al cambio en Costa Rica.
Tanto el abordaje mediático como el accionar de los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa, dan cuenta de una virulencia cuya finalidad no es otra más que socavar las expectativas y esperanzas de cambio que aún persisten entre la mayoría de la población costarricense. El desenlace de “escándalos” tales como los suscitados en torno al denominado caso Soley-Brenes, o la renuncia del ex diputado Ronal Vargas, entre otros, así lo testifican.
Las organizaciones y movimientos sociales vinculados al campo popular-progresista deben tomar nota de lo que está en juego. La situación económica y política que vive el país, caracterizada por mucha incertidumbre en lo social y lo laboral, hace suponer que el año preelectoral que comienza (en febrero-2016 se efectuarán los comicios municipales) será sin lugar a dudas un año de mucha crispación en lo que al debate y la discusión sobre lo público se refiere.
Un año de muchas definiciones, tanto que en lo que a la gestión del (auto) denominado “gobierno del cambio” se refiere, como en lo relativo a las perspectivas en materia de movilización y articulación política de los sectores vinculados al campo popular-progresista.
País no es necesariamente el “más feliz” del mundo
Tras la celebración del referéndum de 2007, Costa Rica aprobó el ingreso al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, la República Dominicana y EE.UU., bajo la promesa de la generación de 500 mil empleos.
El balance de tres décadas de neoliberalismo en Costa Rica ha sido, lo menos, deficitario. Según los datos de la última Encuesta Continúa de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del país, el 2014 cerró con un desempleo de prácticamente el 10 por ciento, tras un importante decrecimiento de la inversión extranjera directa (IED).
Mientras países como Brasil, Colombia y Panamá, entre otros, experimentaron un crecimiento importante de la IED durante el segundo semestre del 2014, respecto del mismo período en 2013; Costa Rica, por el contrario, experimentó durante el mismo lapso una reducción significativa de la misma, estimada en 283 mil millones de dólares, para un 21 por ciento.
Como trascendió en días pasados, la firma costarricense de alimentos Jacks –que emplea a más o menos 700 personas en la actualidad- tomó la decisión de trasladar el 50 por ciento de sus operaciones a EE.UU., Nicaragua y El Salvador; países, éstos dos últimos, gobernados “paradójicamente” por fuerzas consideradas “izquierdistas”.
Ya desde abril de 2014, había trascendido el cierre de la fábrica de manufactura de la transnacional Intel en Costa Rica, que habría –de acuerdo con las estimaciones- dejado sin empleo a cerca de mil 500 trabajadores. El “trapito de dominguear” de los neoliberales.
Según la citada encuesta, en 2014 el porcentaje de trabajadores (ocupados y desocupados) en búsqueda de empleo ascendió al 18 por ciento del total de la fuerza laboral, en medio de un contexto de deterioro en la calidad del mismo. Al tiempo que el empleo de baja calificación ascendió del 22 al 25 por ciento durante el mismo año, ya desde 2013, el empleo informal había ascendido al 44 por ciento del total de la población ocupada.
De acuerdo con el Informe del Estado de la Nación, en Costa Rica, uno de cada tres asalariados no reciben siquiera el salario mínimo de ley, mientras que a cerca de 107 mil trabajadores se les incumple al menos uno de sus derechos laborales elementales.
El panorama descrito se enmarca en una ciudadanía expectante de cambios estructurales en cuanto la corrupción y la estrategia de desarrollo neoliberal predominantes durante las últimas tres décadas, en medio de una situación política caracterizada por la crisis.
Lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no termina de aparecer
Las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en Costa Rica entre febrero y abril de 2014 marcaron un “parte-aguas” considerable en lo que respecta a la correlación de fuerzas políticas. La inmensa mayoría de la población costarricense dijo “¡ya basta!” a los grupos que históricamente monopolizaron el poder político en el país.
No obstante, si bien la toma presidencial de Luis Guillermo Solís (LGS) y el crecimiento parlamentario del Frente Amplio (FA, izquierda) son expresión inequívoca de ello, al mismo tiempo, lo anterior, tuvo como contracara una conformación fragmentaria de la Asamblea Legislativa –conformada mayoritariamente por diputados colocados en el espectro del centro hacia la derecha- y un empoderamiento importante de los poderes fácticos ubicados “al margen” de la política. Entre ellos, los medios de comunicación (en especial el diario La Nación), los grupos empresariales y los denominados órganos de control estatal-institucional, como la Contraloría y la Procuraduría General de la República (CGR y PGR, respectivamente) y la Sala Constitucional (Sala IV).
El fin y principio de año arroja un balance de alineamiento de dichos poderes fácticos en contra de todo aquello que pudiese implicar cambios. El talante de hostilidad y polarización de dichos sectores frente a la aprobación del presupuesto de la República, en octubre pasado, y la decisión de LGS de levantar el veto de la reforma procesal laboral (RPL), en diciembre, así lo muestran.
La desestabilización a nivel de “opinión pública” ha estado a la orden del día. Las referencias al gobierno de Rodrigo Carazo (1978-1982) y la crisis económica experimentada entonces por el país ha sido la norma, al igual que las referencias a la crisis económica y política experimentada en la actualidad por Venezuela. LGS y “sus aliados” (entiéndase, el FA) tienen a Costa Rica prácticamente al borde de una “dictadura”, de acuerdo con la histeria de dichos sectores.
La agenda de los poderes fácticos es clara: aislar al gobierno de LGS de todo aquello que se encuentre hacia su izquierda y profundizar la campaña de miedo y de desprestigio que desde 2013 vienen impulsando contra el FA, para así, minar las expectativas y las esperanzas de cambio que aún persisten entre la mayoría de la población costarricense.
¿Qué hacer?
El 2015 será un año trascendental. Las organizaciones y movimientos sociales vinculados al campo popular-progresista tienen ante sí el desafío de articular políticamente dichas expectativas y esperanzas de cambio, no solamente en la perspectiva de “empujar” en la medida de lo posible la gestión del gobierno de LGS hacia posiciones más afines al bien común, sino que sobre todo –y como lo fundamental- evitar que la recomposición descrita de los poderes fácticos implique un eventual retorno de los neoliberales al gobierno en 2018. La mesa está servida, y el proceso electoral-municipal de 2016 será un espacio propicio para medir fuerzas.
