Por: Estela Garrido
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En México, de abril del 2007 a enero del 2013, fueron consignadas 171 mujeres por el delito de aborto en 22 estados. Aunque 127 fueron sentenciadas, la mayoría salió en libertad bajo caución.
Según cifras de la asociación civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), las denuncias contra mujeres por el delito de aborto aumentó en 163.8 por ciento
Regina Tames, directora de GIRE, explicó que el incremento se debe en gran medida las reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción implementadas desde 2009 a 2011. En este período fueron denunciadas 679 mujeres, mientras que de 1992 a 2007, fueron en promedio 62.
Al presentar el informe “Omisiones e indiferencia: derechos reproductivos en México”, Tames asegura que debido a las restricciones legales, las mujeres están en riesgo de ser procesadas por este delito.
El informe también destaca la precariedad en la que se realiza la práctica para interrumpir el embarazo. Debido a que en la mayoría de las localidades no hay opciones legales, el aborto se realiza en circunstancias poco higiénicas e incluso peligrosas.
Lo anterior deriva en que el aborto sea la tercera causa de mortalidad materna. El informe destaca que durante el 2011, la razón de mortalidad materna en México fue de 51 por cada 100 mil nacidos vivos. En el 2010, el mayor porcentaje de muerte materna se concentró en Oaxaca con 55.9 , Guerrero con 47.2 y Chihuahua con 35.9 por ciento.
También se destaca la falta de políticas en materia de salud que atiendan el conflicto, así como el nulo compromiso del Estado en procurar los derechos reproductivos de las mujeres.
El informe subraya que de los casos en los que el embarazo es producto de la violación, sólo se autorizaron 39 peticiones para interrumpir el embarazo en cinco años, a pesar de que ser legal en todo el país.
Tames catalogó la actuación del Estado como ‘precario y nulo’ ante dicha problemática.
“El índice de autorizaciones es casi una por estado, que dado el índice tan alto que hay de violencia sexual, no representa absolutamente nada. Esto se debe a prejuicios de los ministerios públicos, pero también por parte del personal de salud que una vez que reciben autorizaciones, aunque sean éstas las pocas que se tienen registradas, también les siguen poniendo trabas a las mujeres para poder acceder”, finalizó.
