En un paso decisivo dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el Congreso de Sinaloa aprobó este 26 de septiembre la reforma al artículo 73 de la Constitución, otorgando al Congreso de la Unión la facultad de legislar de manera uniforme sobre la extorsión en México. La modificación busca establecer criterios legales homogéneos y fortalecer la protección de las víctimas en todo el territorio nacional.
Durante la sesión extraordinaria que clausuró el Segundo Período Extraordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 65 Legislatura, las diputadas y diputados sinaloenses avalaron la minuta enviada por la Cámara de Senadores, previamente remitida a los congresos estatales y al de la Ciudad de México. Con esta aprobación, Sinaloa se suma al esfuerzo nacional para dotar al Congreso federal de las herramientas jurídicas necesarias para combatir este delito de manera coordinada y efectiva.
La reforma se articula para garantizar que las detenciones derivadas de extorsión se realicen con base en investigación e inteligencia sólidas. Asimismo, impulsa la consolidación de capacidades locales mediante la creación de Unidades Antiextorsión en los estados, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante este tipo de delitos.
Otro objetivo central es la protección de las víctimas, mediante protocolos específicos que aseguren atención legal, psicológica y social. Además, se busca la capacitación constante de los operadores responsables del manejo de crisis y de la negociación en situaciones de extorsión, con el fin de garantizar intervenciones seguras y efectivas en todo el país.
La estrategia incluye también campañas nacionales orientadas a la prevención y sensibilización de la ciudadanía. Con estas acciones se promueve la denuncia de delitos, se refuerza la seguridad comunitaria y se reducen los riesgos de extorsión en distintos espacios públicos.
La reforma al artículo 73 no solo aborda la extorsión, sino que amplía la facultad del Congreso federal para expedir leyes generales sobre otros delitos graves, como secuestro, desaparición forzada de personas, privación ilegal de la libertad, trata de personas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como delitos electorales. Esta ampliación busca uniformar criterios legales y sanciones, reduciendo la impunidad y garantizando justicia para las víctimas en todo el país.
Con esta medida, se espera que la investigación, persecución y sanción de la extorsión y otros delitos graves se realicen de manera más eficiente, fortaleciendo la legitimidad del sistema de justicia penal y cerrando los espacios donde la impunidad solía prevalecer.
